El 30 de septiembre en Madrid, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que ya se han otorgado nacionalidades españolas a 240.000 descendientes de españoles exiliados en América tras la Guerra Civil. Este proceso forma parte de la controvertida Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en 2022 por el actual gobierno socialista.

Durante una rueda de prensa celebrada luego del Consejo de Ministros, Torres proporcionó detalles sobre el avance de esta legislación. Según sus palabras, hasta ahora han sido presentadas 876.321 solicitudes de nacionalización, de las cuales se han concedido un total de 240.000, lo que representa aproximadamente el 27% de las peticiones recibidas hasta el mes de julio.

Se espera que la cifra definitiva se revele el 31 de diciembre, coincidiendo con el cierre de la prórroga otorgada a la Ley de Memoria Democrática de 2022, que ha sido extendida hasta el 21 de octubre de este año. Esta extensión busca asegurar que se atiendan todas las solicitudes de nacionalización que ha gestionado el gobierno.

La mencionada ley otorga el derecho a la nacionalidad a los descendientes de hasta la segunda generación de aquellos que, por motivos políticos, ideológicos o de identidad sexual, han perdido o renunciado a su nacionalidad española durante su exilio. Este reconocimiento también se extiende a los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la aprobación de la Constitución española de 1978.

Además, se contempla la inclusión de los hijos mayores de edad de aquellos españoles que han recuperado su nacionalidad original a través del derecho de adopción, basado en la normativa establecida en la Ley de Memoria Democrática así como en la Ley de Memoria Histórica de 2007.