En el marco del Día Internacional de la Mujer, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dado a conocer un ambicioso plan que contempla aumentar en un 50% el número de jueces especializados en casos de violencia de género. Esta medida, a juicio del Gobierno, busca fortalecer la protección de las mujeres y crear entornos más seguros para ellas.

Bolaños destacó a través de su cuenta en X que las nuevas secciones de violencia sobre la mujer estarán dedicadas a abordar todas las formas de violencia machista, con el respaldo de jueces específicamente formados en esta materia. Sin embargo, la iniciativa ha encontrado resistencia dentro del propio ámbito judicial.

Un grupo de 135 jueces han expresado su preocupación por la reciente reforma de la Ley Orgánica que pesa sobre la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según su evaluación, esta normativa está empujando a los juzgados hacia un "colapso total", ya que obligarán a los tribunales a hacerse cargo de los delitos contra la libertad sexual, incluso si no existe un vínculo matrimonial o similar entre la víctima y el agresor.

Los jueces advierten que la aplicación de esta reforma incrementará significativamente la carga de trabajo en unos juzgados que ya están al límite de su capacidad, lo que podría tener consecuencias devastadoras en un área tan delicada como es la lucha contra la violencia de género y la protección de mujeres y niños.

Tradicionalmente, estos juzgados asumían la responsabilidad de tratar casos de violencia cuando existía un vínculo afectivo entre las partes, pero con los cambios propuestos, se abordarán también incidentes sin esa conexión previa. Esto implica un aumento considerable en la carga de trabajo, lo que, según los profesionales del derecho, jamás ha sido respaldado con los recursos económicos necesarios.

Ellos han subrayado la "falta de dotación presupuestaria" en esta reforma, que, aunque pretende ser presentada como un avance en la lucha por la igualdad, se plantea sin los fondos adecuados para soportar el incremento del 20% en los casos que se estiman por el Ministerio de Justicia. La falta de planificación en la implementación de estas secciones ha llevado a los jueces a cuestionar la viabilidad de toda la reforma.

Por último, los magistrados señalaron que, a pesar de que el Gobierno pretende dar la impresión de que se habilitarán secciones de instrucción para asumir esta carga adicional, la realidad es que la entrada en vigor de estas nuevas competencias no será inmediata, sino que se estableció para el 3 de octubre de 2025, lo que deja un largo periodo donde la situación actual de los juzgados seguirá sin solución efectiva.