En una reciente sesión del Consejo de Ministros, celebrada el 19 de noviembre, se aprobó un nuevo protocolo de condena y repulsa ante asesinatos atribuidos a la violencia de género, impulsado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Este protocolo tiene como finalidad unificar el procedimiento adoptado después de cada caso de violencia machista, una medida que busca dar respuesta institucional a esta grave problemática social.

El Ministerio de Igualdad ha comunicado la importancia de este protocolo, subrayando que los crímenes de violencia machista representan "la forma más extrema de la violencia contra las mujeres". En un claro intento de manifestar la posición del Gobierno, se enfatiza que "los poderes públicos no pueden ser ajenos" a estos eventos, lo que justifica la creación de un protocolo que prometa una respuesta clara y concisa ante tales tragedias.

Según detallaron las autoridades, el objetivo es establecer un proceso formal que, en primer lugar, condene públicamente todos los asesinatos por violencia de género. En segundo lugar, se busca expresar solidaridad con las víctimas, sus familiares y cercanos, reconociendo la vital importancia del apoyo para su recuperación emocional. Finalmente, el protocolo pretende garantizar una respuesta coordinada en todo el territorio nacional, con una actuación unificada.

Este protocolo será implementado en colaboración entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, involucrando a Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la Administración General del Estado. Así, se establece un marco de cooperación para afrontar esta crisis social con unidad y determinación.

Una de las disposiciones clave del protocolo es que se instituye un procedimiento estándar que incluye la convocatoria de un minuto de silencio, así como una declaración institucional en la que se condena la violencia, se envían mensajes de solidaridad y se llama a la unidad en la lucha contra la violencia machista.

Además, el protocolo prevé la difusión de estas declaraciones a través de los canales oficiales de comunicación de las instituciones involucradas y garantizará la coordinación con diferentes niveles de gobierno, incluyendo comunidades autónomas y entidades locales. Esto refleja un esfuerzo por crear un frente común que resalte el compromiso institucional en la lucha contra la violencia de género.

Otro aspecto relevante que se menciona es que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se constituirá como acusación popular en los procesos judiciales relacionados con asesinatos por violencia de género, en aquellos casos donde la comunidad autónoma implicada no ejerza esta acción. Se busca así fortalecer la colaboración entre instituciones para asegurar una respuesta adecuada a estas tragedias.

En el mismo contexto, el Consejo de Ministros también aprobó una Declaración Institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. En esta declaración, el Gobierno muestra su firme rechazo a "todas las formas de violencia machista" y detalla varias medidas que se están implementando, como ayudas económicas a víctimas de violencia sexual y la apertura de centros de atención integral disponibles las 24 horas.

La declaración resalta que España se posiciona como un "referente internacional" en la lucha contra la violencia de género y recuerda hitos importantes, como los 20 años de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el compromiso alcanzado en 2017 con el Pacto de Estado. Este reconocimiento es crucial para validar los esfuerzos y la dirección que está tomando el país en esta importante cuestión social.

Asimismo, se hace un desglose desgarrador de las cifras, mencionando las 1.285 víctimas mortales de violencia machista, así como los 463 menores huérfanos y 61 menores asesinados en estos contextos desde 2003. Estas estadísticas son un recordatorio de la urgencia por renovar el Pacto de Estado y establecer cambios profundos para que la vergüenza no recaiga sobre quienes sufren esta violencia, sino sobre los agresores.

La declaración culmina con un énfasis en la responsabilidad, al afirmar que esta recae únicamente en quienes cometen estos actos violentos y en aquellos que prefieren ignorarlos. Se envía un mensaje claro de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencia machista, subrayando que "mujeres y hombres compartimos una lucha común para erradicar la violencia contra las mujeres" y que este esfuerzo colectivo es fundamental para construir una sociedad más justa y libre de violencia de género.