La Cámara debatirá por cuarta vez en este año los objetivos de estabilidad económica y el PP ya ha adelantado su voto en contra

MADRID, 22 Sep.

El Pleno del Congreso se reunirá el próximo jueves 26 de septiembre para discutir y votar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para los próximos tres años. El Gobierno no cuenta con los suficientes apoyos para garantizar su aprobación en el parlamento.

Por lo tanto, la misma propuesta regresará a la Cámara Baja después de haber sido rechazada hace dos meses con los votos en contra del PP, Vox, UPN y Junts. Esta senda de déficit y objetivos presupuestarios es crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha confirmado que su partido votará en contra de la senda ya que es idéntica a la presentada en julio. Mientras tanto, los representantes de Carles Puigdemont mantendrán su voto en contra, habiendo colaborado previamente con el PP y Vox en la oposición a una proposición de ley sobre el alquiler de temporada.

Este sería el cuarto debate en la Cámara sobre los objetivos de estabilidad en el año. A pesar de que el Congreso aprobó previamente los objetivos relacionados con los Presupuestos de 2024 en dos ocasiones, la mayoría del PP en el Senado provocó su rechazo. Esto llevó al Ministerio de Hacienda a buscar formas alternativas para seguir con la tramitación presupuestaria, incluyendo un plan B presentado a la Comisión Europea en abril de 2023.

El plan B propuesto por el Gobierno incluye la reducción del déficit público al 2,5% en 2025, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027, así como la disminución de la deuda pública por debajo del 100% al final del periodo establecido. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido que este plan afectaría a la capacidad de gasto de las autonomías y los ayuntamientos en 11.500 millones de euros.

Además, se establece que la mayor parte de la responsabilidad para cumplir con los nuevos objetivos fiscales recaerá en la Administración Central, cuyo déficit deberá situarse en cifras específicas cada año hasta 2027. Las comunidades autónomas tendrán un déficit del 0,1% y los ayuntamientos buscarán un equilibrio presupuestario a partir del año 2025.

En relación con la deuda pública, se espera que descienda gradualmente en los próximos años, alcanzando porcentajes específicos del PIB para cada una de las administraciones. También se ha fijado un límite de gasto financiero, que incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social por una cantidad mayor en comparación con los presupuestos anteriores.