MADRID, 1 de diciembre.

El Gobierno español ha hecho saber que no se contemplan "penalizaciones" por la eventual sustitución del sistema de gestión bibliotecaria Ex Libris Alma, actualmente en uso por la Biblioteca Nacional y perteneciente a una firma israelí.

En una respuesta escrita a una pregunta de Vox, el Ejecutivo aclaró que "la cancelación del contrato no implicará penalización alguna, dado que esta decisión proviene de una imposibilidad legal surgida a raíz de la implementación del Real Decreto de Embargo". La administración puede dar por finalizado un contrato sin incurrir en sanciones cuando una norma legal prohíbe su continuación, actuando así en cumplimiento de la ley. Además, los servicios jurídicos están monitorizando el proceso para asegurar que se realice con total respaldo legal y conforme a la normativa de contratos públicos.

La formación de Santiago Abascal inquirió acerca de si la rescisión del mencionado contrato, al concluir el proceso de licitación del que quedarán excluidos tanto este como otros proveedores israelíes, podría acarrear algún tipo de sanción para el Estado español.

Según informó Europa Press, el Gobierno enfatizó que la decisión de reemplazar el contrato no solo responde a razones técnicas, sino que también debe alinearse con el Real Decreto de Embargo, que prohíbe la importación de productos y servicios de "empresas ubicadas en territorios ocupados", como lo es la sede del actual proveedor del sistema.

Finalmente, el Gobierno subrayó que "la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura tienen la responsabilidad de asegurar que todos sus contratos estén en completa conformidad con la legalidad vigente", lo que implica la necesidad de reemplazar el software actual por uno que no infrinja la regulación ni los compromisos internacionales asumidos por el Estado.