El Gobierno desafiará en el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes de Canarias.

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que afirma que la saturación o falta de medios en las Comunidades Autónomas no justifica rechazar la responsabilidad de acoger a los menores extranjeros solos desde su llegada.

MADRID, 24 Sep.

El Gobierno ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado por el gobierno de Canarias tras el dictamen del Consejo de Estado, que considera que existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrirlo.

Según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se plantea impugnar los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo del consejo de gobierno de Canarias y el protocolo aprobado, por considerar que no cumplen con la normativa.

En un plazo de siete días se solicitó un dictamen urgente al Consejo de Estado para resolver un posible conflicto de competencias entre el gobierno de Canarias y el Gobierno de España, y se estableció una subcomisión de negociación en caso de acuerdo.

El Consejo de Estado señala que la identificación de los menores migrantes y la falta de medios no pueden ser excusas válidas para rechazar su acogida inmediata por parte de las Comunidades Autónomas, aunque sí puedan establecer sus propios protocolos territoriales.

Además, se destaca que las instituciones autonómicas de protección de menores deben hacerse cargo de la asistencia de los menores extranjeros no acompañados que entren de manera irregular en España, respetando la normativa estatal respecto a este tema.

Sobre la constitucionalidad del protocolo territorial canario, se indica que establecer requisitos no contemplados en la normativa estatal de extranjería no es válido, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben entregar a los menores a los servicios públicos de protección sin necesidad de decisión previa del ministerio fiscal.

El Consejo de Estado considera que la violación de los derechos constitucionales de los menores en situación de abandono no solamente es competencial, sino que también afecta a su dignidad, personalidad e integridad física, por lo que se impugnarán determinados aspectos del acuerdo de Canarias.

En resumen, el Gobierno seguirá trabajando en la modificación del artículo 35 para lograr una distribución justa de los menores inmigrantes en todo el territorio español, a pesar de las discrepancias con las decisiones tomadas por el gobierno de Canarias y el protocolo establecido.