En Madrid, el 4 de noviembre, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha enfatizado que el informe emitido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en relación con Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, evidencia la inexactitud de las acusaciones que enfrenta.

Durante una conferencia de prensa que siguió al Consejo de Ministros, Alegría insistió en que los hallazgos hasta la fecha demuestran de manera contundente que las denuncias contra Torres son infundadas.

Además, la portavoz subrayó que a medida que avanza la investigación judicial, la verdad saldrá a la luz, lo que despejará cualquier duda sobre la integridad del ministro Torres.

Por otro lado, el informe de la UCO sugiere que Torres habría solicitado pagos pendientes cuando se desempeñaba como presidente de Canarias en relación a la empresa Soluciones de Gestión, la cual presuntamente recibió contratos de mascarillas mediante prácticas irregulares. En uno de los intercambios de mensajes, Torres comunicó a Koldo García que estaba "encima de tu pago", según apuntan los investigadores, quienes resaltan la influencia que García pudiera tener en estas transacciones.

El informe de la UCO, accesible a Europa Press, ofrece detalles sobre las contrataciones realizadas por el gobierno canario y ha sido presentado ante el juez Ismael Moreno, encargado del caso conocido como 'Koldo'.

Los investigadores han precisado que la adquisición de mascarillas a la empresa mencionada por parte del Servicio Canario de Salud alcanzó un total de más de 12 millones de euros.

Asimismo, se sospecha que estos contratos de suministros sanitarios podrían haber sido parte de una estructura de pagos ilícitos, incluyendo una contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que el individuo vinculado al 'caso Koldo', Víctor de Aldama, habría brindado a Koldo García. Esta remuneración sería conocida como una especie de "nómina" que propiciaba el intercambio de favores.