En Madrid, con fecha 23 de diciembre, el Gobierno español ha dado a conocer su última decisión del año a través del Consejo de Ministros. Este lunes, se aprobó oficialmente la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para el periodo 2024-2030, que ha sido impulsada por los Ministerios de Derechos Sociales, Consumo, Agenda 2030, así como de Juventud e Infancia.

Según informó el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, este plan se convierte en la base fundamental de la política social del Ejecutivo para los próximos años. Aseguran que responde al compromiso del Gobierno con la cohesión social, el progreso del bienestar y la debida atención a las necesidades de la ciudadanía, priorizando en especial a aquellos que son más vulnerables y se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

El desarrollo de esta estrategia, como destacan sus promotores, será un esfuerzo abierto a la colaboración entre diversas administraciones, tanto autonómicas como locales, así como con el sector privado, la sociedad civil y el Tercer Sector de Acción Social. Además, los ejes estratégicos se llevarán a cabo mediante planes operativos anuales, que detallarán las acciones específicas, incluirán las partidas presupuestarias necesarias y darán seguimiento a la evolución de los indicadores para evaluar la eficacia de las medidas implementadas.

La Estrategia se organiza en cuatro ejes principales. El primero de ellos está enfocado en garantizar los recursos necesarios para los ciudadanos, mediante políticas que aseguren ingresos mínimos a través de las rentas laborales y prestaciones sociales, y que faciliten el acceso a una vivienda digna y habitable.

Con respecto a este punto, se han diseñado medidas para apoyar a personas y familias en situaciones vulnerables, prevenir desahucios, ampliar las herramientas contra la pobreza energética y abordar el sinhogarismo. En el ámbito de los ingresos, se prevé una revisión del IPREM para mantener su efectividad protectora, así como un refuerzo de las rentas del trabajo.

El segundo eje se centra en la inversión social en las personas, con el objetivo de transformar la vulnerabilidad en oportunidades equitativas. Este apartado incluye la creación de nuevas plazas en educación infantil y la garantía de gratuidad en la primera etapa educativa para las familias más necesitadas. Asimismo, se busca prevenir y reducir el abandono escolar, asegurando que todos los menores puedan acceder a las mismas oportunidades educativas. En el ámbito laboral, se promoverán medidas para la contratación de personas con dificultades para acceder al empleo y se implementarán políticas en contra de la discriminación laboral.

En lo que respecta al refuerzo del Estado del Bienestar y la protección social, se plantea construir una red de protección social que garantice los derechos fundamentales y facilite la conciliación entre la vida familiar y laboral. Esta es una tarea que resulta especialmente complicada para aquellas familias que enfrentan precariedad y que tienen menos tiempo para cuidar de menores o personas dependientes.

Para cumplir con estos objetivos, la Estrategia incorpora las actuaciones dictadas por la Ley de Familias. Se busca garantizar comidas saludables en las escuelas y brindar un apoyo especial a aquellas familias que viven en condiciones de pobreza y que tienen personas con discapacidad a su cargo. También se promoverá el acceso universal a la atención infantil temprana y se coordinarán esfuerzos en los sistemas de dependencia y de servicios sociales públicos.

Finalmente, el Ministerio ha resaltado la importancia de desarrollar alianzas y trabajar en red, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de políticas públicas. Esta línea de acción busca optimizar los recursos y fomentar la participación activa de todos los actores involucrados en el diseño y evaluación de las iniciativas propuestas.

Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha manifestado que, a través de esta Estrategia, el Gobierno de España pretende que 'los datos macroeconómicos positivos' se manifiesten en cada hogar del país, donde aún persisten muchas situaciones de exclusión inaceptables.

El ministro ha enfatizado que con estas políticas se busca realizar un cambio estructural en las condiciones de vida de las personas más vulnerables, intentando no solo enfrentar estas situaciones difíciles, sino también abordar de manera integral las causas subyacentes del problema social en cuestión.