El Gobierno capacita a 40 fiscales en legislación sobre delitos de odio hacia personas con discapacidad.
En Madrid, el 28 de marzo, se ha confirmado que el Ministerio de Derechos Sociales, junto con la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, han iniciado un programa de formación para 40 fiscales, enfocado en la especialización en la gestión de delitos de odio que afectan a personas con discapacidad. Esta iniciativa ha sido puesta de relieve por el Gobierno como respuesta a una consulta formal presentada por el Partido Popular en el Congreso.
Ante la inquietud expresada por los 'populares' sobre las estrategias implementadas durante 2025 para frenar el aumento de delitos de odio contra este colectivo vulnerable, el Ejecutivo ha asegurado que la formación de estos fiscales está destinada a mejorar la capacidad para detectar y procesar este tipo de crímenes.
El informe de respuesta señala que, en el transcurso de 2025, se ha fortalecido la capacidad analítica y visibilidad de esta forma de discriminación. Esto incluye la actualización del vocabulario utilizado en estudios previos y la creación de investigaciones que identifiquen los factores que convierten a las personas con discapacidad intelectual en blancos de estas conductas delictivas, con el fin de generar políticas preventivas basadas en datos concretos.
El Gobierno ha anunciado la implementación de canales de comunicación y asistencia para las víctimas y otros colectivos afectados, previstos para el primer semestre de 2026. Este esfuerzo busca mejorar la coordinación entre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y las entidades sociales que apoyan a personas con discapacidad intelectual.
Estas acciones forman parte del III Plan de Acción contra los Delitos de Odio, que abarca el período de 2025 a 2028, y en el que se articulan diversas estrategias, objetivos y medidas específicas que se pondrán en marcha. Entre las iniciativas clave para proteger a las personas con discapacidad, se destaca la creación de la figura del 'facilitador' en las investigaciones policiales relacionadas con presuntos delitos de odio, que busque asegurar que las víctimas comprendan el proceso legal y así evitar situaciones de desprotección.
Además, se subraya la reciente publicación de una 'Guía para el Primer Interviniente', dirigida a los cuerpos de seguridad, que acompaña la aparición de dos documentos operativos en marzo de 2025, elaborados por un equipo multidisciplinario que incluye al Ministerio Fiscal y entidades del tercer sector, lo que resalta la importancia de la capacitación práctica en este ámbito.
El plan también apuesta por proporcionar materiales accesibles y comprensibles para personas con discapacidad, priorizando la difusión de información en formatos de lectura fácil. Asimismo, contempla la formación especializada del personal policial en la identificación y gestión de situaciones que afecten a este grupo y promueve la organización de jornadas de capacitación conjunta con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
Finalmente, el Gobierno hace mención al VIII Seminario sobre Delitos de Odio, que se celebró los días 17 y 18 de diciembre de 2025, enfocándose en el título 'Delitos de odio y discapacidad: actuación policial y protección de las víctimas', lo que contribuye a la educación continua de los cuerpos policiales en esta importante área de trabajo.