En el día de hoy, 17 de noviembre, el Gobierno español ha transmitido un mensaje claro respecto a las solicitudes de asilo que se reciben en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según la administración, estas solicitudes son atendidas “con independencia de la nacionalidad de la persona solicitante y sin establecer distinción por los motivos alegados en su declaración”. Este pronunciamiento llega en un momento en que las directrices del proceso de asilo son objeto de discusión y análisis en el Congreso.

Este tema ha cobrado relevancia tras una consulta formulada por el partido Sumar, que planteó al Gobierno preguntas sobre el trato dispensado a los solicitantes de asilo saharauis. En respuesta, el Ejecutivo ha afirmado que cada solicitud de derechos de asilo se tramita conforme a lo estipulado en la Ley del Derecho de Asilo, subrayando que estas tramitaciones son exhaustivas y están sujetas a un marco legal que garantiza la equidad en el proceso.

Además, el Gobierno ha señalado que en caso de que una solicitud sea inadmitida o denegada, el solicitante tiene un plazo de dos días para solicitar un reexamen de la decisión. Esta posibilidad de reexamen no solo permite revisar la solicitud original, sino que también ofrece a los solicitantes la oportunidad de presentar nuevas pruebas o información que podría ser relevante para su caso, lo que empodera a los solicitantes en su búsqueda de protección internacional.

Por otro lado, Sumar ha planteado inquietudes sobre la capacidad del Gobierno para atender la demanda de traducción para hablantes del dialecto hassania en el aeropuerto. El Ejecutivo ha respondido afirmando que se están realizando gestiones adecuadas para que los servicios de interpretación estén disponibles, con especial atención al dialecto hassani, asegurando así que los solicitantes de asilo que hablan este idioma puedan formalizar sus solicitudes sin barreras comunicativas.

Es importante destacar que Sumar también ha manifestado su preocupación ante la reciente negativa del Ministerio del Interior de permitir la entrada a España de un activista saharaui con discapacidad auditiva que se encuentra en tratamiento por cáncer, así como de un matrimonio saharaui con una infante de un año y medio. Este matrimonio había huido del Sáhara Occidental, argumentando que lo hacían para escapar de la represión por parte de las autoridades marroquíes. Asimismo, se ha suscitado controversia tras la asignación de un traductor que no habló el dialecto adecuado para otro refugiado saharaui.

En conclusión, Sumar reivindica que "todo solicitante tiene derecho a ser asistido por un intérprete en un idioma que entienda y en el que pueda expresarse", reafirmando así la importancia de mantener la integridad y los derechos de aquellos que buscan asilo en España, garantizando que sus voces sean escuchadas y comprendidas en el proceso.