MADRID, 2 de diciembre.

Un significativo aumento salarial del 2,5% para funcionarios del sector público estatal se implementará este mes, beneficiando a un total de 540.000 empleados públicos.

El Gobierno, a través del Consejo de Ministros, ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que hará efectivo este incremento, que estaba previsto en un acuerdo de anualidad pasado con los sindicatos UGT y CSIF, mientras que CCOO está en proceso de evaluación sobre su participación en este pacto. Este incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Asimismo, el nuevo decreto, aunque está pendiente de aprobación en el Congreso, permitirá que a partir del 1 de enero de 2026, los salarios de los empleados públicos se ajusten en un 1,5%.

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, puntualizó en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo que los incrementos para los años 2025 y 2026 forman parte de un acuerdo mayor que establece un aumento global del 11% de salarios entre 2025 y 2028, en colaboración con UGT y CSIF.

Este aumento del 11% se desglosa en un 2,5% correspondiente a este año, un 1,5% para el año 2026 (con un adicional que podría alcanzar el 0,5% si la inflación se mantiene alta), un 4,5% en 2027 y un 2% para el 2028.

La subida del 2,5% se pagará de forma única este mes, y tiene efectos retroactivos desde enero, según aclaró López. En cuanto a 2026, se ratificará un aumento del 1,5%, el cual podría incrementarse si la inflación se alza a niveles de o por encima de dicho porcentaje.

Si esto ocurre, el incremento adicional del 0,5% se abonará en el primer trimestre de 2027, también con efectos retroactivos.

López afirmó que esta decisión del Consejo de Ministros es un paso crucial para que más de tres millones de empleados del sector público obtengan un aumento del 2,5% en 2025 y un 2% en 2026, asegurando de esta manera su capacidad de compra.

El decreto regula los elementos esenciales para implementar el aumento salarial del personal público en 2025, con efectos desde el 1 de enero, al tiempo que establece disposiciones para el incremento de 2026.

Se estipula un aumento del 2,5% para el 2025, que estará basado en los salarios actuales de 2024, y se facilitan las normativas necesarias para hacer efectivo este incremento ya durante este año.

López enfatizó que este acuerdo es aplicable a todas las administraciones públicas, que abarcan cerca de 3,5 millones de empleados en España, aunque el decreto aprobado se enfoca en el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

Como se ha hecho en ocasiones anteriores, corresponde a cada administración decidir cómo y cuándo se llevará a cabo el pago del aumento a sus servidores, con algunas comunidades autónomas y ayuntamientos optando por hacer un único pago en diciembre, como lo hará la Administración General del Estado.

En el sector público estatal, el aumento de 2025 se verá reflejado en diciembre, abarcando los atrasos desde enero del mismo año.

Esa única nómina beneficiará a 540.000 funcionarios del sector público estatal. Por ejemplo, un trabajador con un salario medio de 3.300 euros brutos mensuales podría recibir unos 1.140 euros aproximadamente como pago adicional en diciembre, correspondiente a los atrasos de 2025.

Las demás administraciones establecerán sus propios calendarios para estos pagos y ajustes, en función de las negociaciones sindicales específicas de cada sector. Ese proceso de compensación podría extenderse a lo largo de los años 2026, 2027 y 2028 o, alternativamente, realizarse todo a la vez en diciembre de 2025.

Para el año 2026, el decreto aprobado hoy prevé un aumento consolidable del 1,5% sobre los salarios vigentes a finales de 2025, aplicándose a partir del 1 de enero de 2026. Esto implica que, entre diciembre de este año y enero del próximo, los salarios experimentarán un aumento acumulado del 4%. Además, se contempla un incremento adicional del 0,5% si la variación del IPC alcanza o supera el 1,5% durante el año siguiente.

Aunque el aumento pactado para el periodo de 2025 a 2028 es del 11%, algunos sindicatos sugieren que, gracias a los efectos acumulativos de estos incrementos anuales, el aumento total podría percibirse como del 11,5% en el total de esos cuatro años.

López expresó su optimismo respecto a que CCOO, que se reunió para decidir su posición en relación a este acuerdo, se una a lo que el ministro consideró como un "buen acuerdo" para los funcionarios, ya que no solo garantiza la preservación del poder adquisitivo, sino que también incorpora mejoras en otros aspectos como el empleo y la conciliación familiar.