El Gobierno español quiere aprobar la ley sobre el Estatuto del Becario, a pesar de la falta de apoyo de la patronal y los rectores.

La propuesta acordada entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos aún no es definitiva. El estatuto contempla multas de hasta 225.000 euros para las empresas que infrinjan los derechos de los estudiantes, una compensación por los gastos de los alumnos y limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas.

El objetivo es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito empresarial, además de desarrollar un régimen jurídico que los ordena.

El régimen sancionador incluye multas para las empresas de hasta 225.018 euros en el caso de infracciones muy graves y discriminaciones directas o indirectas por razones relacionadas con la edad, discapacidad, sexo, origen, religión o convicciones políticas.

Las empresas también deberán compensar los gastos de los alumnos por una cuantía mínima suficiente, incluyendo los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.

Los estudiantes podrán realizar prácticas extracurriculares durante los estudios universitarios o de doctorado. Las prácticas no podrán superar el 15% de las horas de los créditos ECTS de la titulación correspondiente, ni exceder las 480 horas.

CRUE Universidades Españolas rechaza esta propuesta de ley argumentando que las prácticas de estudiantes universitarios son un asunto estrictamente académico y que no deberían ser pactadas por sindicatos y patronal.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también se opone a la ley por considerar que es perjudicial para la formación práctica de los estudiantes y porque contradice la normativa universitaria aprobada recientemente.