La mañana del 3 de noviembre en Madrid será crucial para el futuro de las prácticas no laborales en empresas, ya que se prevé que el Consejo de Ministros dé luz verde a la conocida Ley del Estatuto del Becario. Esta iniciativa, gestada hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha estado sujeta a diversas negociaciones y controversias con los sindicatos.

Entre los diferentes actores involucrados, surgen tensiones notables entre los miembros del Gobierno, especialmente entre el PSOE y su socio de coalición, Sumar. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado que, a pesar de que hay un "acuerdo de diálogo social", persisten desavenencias sobre ciertos puntos que podrían obstaculizar la aprobación de esta normativa.

El Ministerio de Trabajo tuvo que esperar un largo año y medio para presentar a audiencia pública el anteproyecto de ley, que llega después de haber firmado un acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, se ha recibido críticas por la falta de inclusión de la comunidad universitaria en el proceso de elaboración, lo que ha suscitado una reacción negativa por parte de varios rectores..

Entre las características más relevantes de esta normativa, se establecen sanciones severas para las empresas que no respeten los derechos de los becarios. Las multas podrían alcanzar hasta los 225.000 euros en casos de infracciones graves. Además, los estudiantes en prácticas podrían recibir compensación económica por sus gastos relacionados, tales como transporte y alojamiento.

La propuesta también busca definir los límites de las prácticas no laborales dentro del marco empresarial, estableciendo claros lineamientos administrativos para regular el tiempo que los estudiantes dedican a estas actividades. Se contempla un tope máximo de 480 horas para aquellas prácticas extracurriculares que se realicen como parte de sus estudios.

El nuevo Estatuto del Becario especifica que las empresas enfrentarán penalizaciones financieras considerablemente altas si incurren en discriminaciones de cualquier tipo hacia los estudiantes. Este enfoque abarca diversas motivaciones, incluyendo la edad, discapacidad, género, origen étnico, estado civil, y más, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de las empresas para actuar con flexibilidad en la formación de futuros profesionales.

Entre las obligaciones impuestas a los estudiantes, estas estarán en línea con el cumplimiento de la normativa institucional de sus respectivas universidades, así como la obligación de mantener una comunicación constante con sus tutores académicos y de cumplir con los códigos de conducta de las empresas en las que se encuentren realizando sus prácticas.

CRUE Universidades Españolas ha manifestado una postura decididamente en contra de la nueva legislación, argumentando que esta podría perjudicar el sistema de prácticas en el ámbito universitario español. Los rectores sostienen que la regulación de las prácticas deberían ser tratadas exclusivamente por las instituciones académicas sin interferencias externas.

Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado la forma y el contenido del acuerdo, sugiriendo que podría obstaculizar la formación práctica de los estudiantes al imponer restricciones y aumentar la burocracia, lo que resulta esencial para fomentar la empleabilidad y facilitar la transición entre la teoría y la práctica laboral.