El Defensor del Pueblo sugiere reducir la devolución del IMV a hogares vulnerables.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha tomado la iniciativa de proponer una modificación legal que limitaría la obligación de devolver el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a hogares vulnerables en casos donde se demuestre la buena fe de los beneficiarios o si existe un error atribuible a la Administración. Esta modificación legal también afectaría a otras ayudas asistenciales como pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, y los subsidios de desempleo de larga duración.

Esta propuesta ha sido comunicada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de considerar una modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, que actualmente obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas en cualquier circunstancia.

Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a informar a la Administración sobre cambios en sus ingresos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha señalado que, a pesar de hacerlo, las entidades gestoras tardan mucho tiempo en revisar las prestaciones y, cuando lo hacen, exigen la devolución de todo el periodo sin considerar las circunstancias.

Según ha explicado Gabilondo, se ha recibido información recientemente sobre familias beneficiarias del IMV que están siendo contactadas para devolver las cantidades recibidas en años anteriores. Estas familias, en situación de extrema necesidad y sin recursos, tienen dificultades para devolver las sumas exigidas.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha pedido a la Administración que se considere la urgencia económica de estas familias y no se les imponga devolver los pagos recibidos. Varias familias han expresado su situación a la institución en busca de ayuda.

Además, se ha dirigido una solicitud a la Secretaría de Estado de Trabajo, responsable del Servicio Público de Empleo Estatal, para conocer su opinión sobre la necesidad de efectuar esta reforma legal en base a la jurisprudencia existente.

Es importante recordar que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo español han destacado que exigir la devolución total de ayudas o prestaciones sin considerar la buena fe de los beneficiarios o los errores de la Administración puede resultar desproporcionado, según recientes fallos judiciales.