• martes 07 de febrero del 2023
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El Defensor del Pueblo solicita a la Generalitat información "completa y actualizada" del empleo del español en las salas

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MADRID, 3 Nov.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Secretaría General de Educación de la Generalitat de Cataluña para conseguir una información "completa y actualizada" sobre las medidas adoptadas en los centros académicos con en comparación con empleo del español.

Así lo ha manifestado el Defensor del Pueblo en un escrito, al que tuvo ingreso Europa Press, remitido a la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Ana Losada, con quien se reunió hace mucho más de un mes en la sede de la institución.

El Defensor del Pueblo ha pedido esta información a la Generalitat con la meta de atender la "preocupación" de personas y colectivos que se dirigen a la institución con relación a la educación y empleo del español en el ámbito escolar en Cataluña en este curso, tal como por "la prevención del acoso o molestia que tengan la posibilidad de padecer los estudiantes por cuestiones enlazadas al empleo de la lengua castellana". "En determinante, se pide informe de las medidas adoptadas para atender los nombrados derechos y intranquilidades", apunta en el escrito.

En el archivo, ten en cuenta que inició en su día actuaciones frente al Departamento de Educación de Cataluña al objeto de que "precisara las ideas llevadas a cabo para asegurar la proporcionalidad de las lenguas vehiculares en sus programaciones educativas, de manera que todos y cada uno de los estudiantes reciban de forma eficaz y también instantánea la enseñanza a través de la utilización vehicular de ámbas lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, de conformidad con lo predeterminado en la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

En el trámite de ejecución forzosa de la referida sentencia, la Generalitat de Cataluña aprobó un decreto ley por el que "se fijan los criterios ajustables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros académicos". Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley sobre la utilización y la educación de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Tras ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña soluciona proponer frente al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad referida al decreto ley de la Generalitat a la ley aprobada por el Parlamento catalán.

Con posterioridad al planteo de esta cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el pasado 13 de septiembre el Pleno del Tribunal Constitucional aceptó a trámite el recurso de inconstitucionalidad anunciado durante más de 50 miembros del congreso de los diputados del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha señalado que, "más allá de que no va a entrar en el examen individual de aquellas protestas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo va a suspender si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda o recurso frente a los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional, el producto 17.2 de la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo añade que 'ello no va a impedir, no obstante, la investigación sobre los inconvenientes en general planteados en las protestas presentadas'".

"En tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, las actuaciones de supervisión de esta institución van a deber ir dirigidas a revisar el respeto por la parte de la Administración didáctica de Cataluña de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución en el marco legal vigente", apunta el Defensor del Pueblo.

Con en relación a probables fenómenos de acoso escolar por causas lingüísticas, la institución ha subrayado que "semejantes formas de proceder, de generarse, tienen la posibilidad de llegar a sospechar un ataque contra los valores superiores que forman el fundamento del Estado popular y democrático de derecho, como son los principios de independencia, respeto a la dignidad de la gente y a los derechos que les son inherentes, al fin y al cabo, los valores básicos y también indefectibles de nuestro modelo de convivencia".

"El ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y mucho más aún en el momento en que este tiene el respaldo de una sentencia judicial estable, no debiese producir perjuicios a quienes lo insten, y se ajusta a las gestiones públicas eficientes adoptar las medidas exactas para eludir estos perjuicios, siendo especialmente grave en el momento en que la situación perjudica a un menor en su ambiente escolar y familiar, por las secuelas que ello tiene la posibilidad de tener en su avance y confort personal", concluye el Defensor del Pueblo.

Tras una asamblea con el Defensor del Pueblo el mes pasado de septiembre, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña aplaudía que la institución esté informada y recabando mucho más información sobre la situación con el español en los institutos catalanes.

"La presión que hay en las academias catalanas con el tema de la lengua ha incrementado a inicios de curso 2022-2023. Hemos denunciado el desamparo de las familias que hemos pedido el bilingüismo", señalaba en afirmaciones a Europa Press la presidenta de la entidad, Ana Losada, tras reunirse con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

En exactamente la misma línea, agregaba que le transmitió al Defensor del Pueblo que esas familias "están completamente desprotegidas" frente a la "irregularidad" de que la Generalitat "solicite incumplir las órdenes judiciales". "El Ministerio de Educación no dijo nada ni hizo nada, ni la Alta Inspección de Educación tampoco", lamentaba.

La organización asimismo propuso que las normas del nuevo curso en Cataluña tienen dentro elementos "muy alarmantes" como el "control de estudiantes y instructores a fin de que charlen siempre y en todo momento en catalán o el tema de los conjuntos de impulsores de la lengua que están en todos y cada centro y que observan de qué manera los pequeños habla".