El Defensor del Pueblo reporta un aumento de 3.742 quejas ciudadanas en 2025, totalizando 38.144.

En el año 2025, el Defensor del Pueblo ha registrado un notable incremento en la cantidad de quejas formuladas por los ciudadanos, alcanzando un total de 38.144. Este número representa un aumento de 3.742 quejas en comparación con 2024, cuando se recibieron 34.402. Los temas más recurrentes en estas quejas abarcan la Administración de Justicia, la Seguridad Social, el empleo, la inmigración, y cuestiones relacionadas con políticas sociales, Interior, Educación y Sanidad.

El informe anual presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, fue entregado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Este mismo documento será enviado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán, en una ceremonia prevista en el Palacio del Senado, lo que subraya la importancia de estas quejas y la relevancia del informe en el ámbito político español.

En términos de tramitación, se han gestionado 38.762 expedientes en total, lo que representa un incremento de 4.133 en relación con el año anterior, durante el cual se registraron 34.629. De estos expedientes tramitados, 38.144 correspondieron a quejas ciudadanas, a las que se suman 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes para interponer recursos ante el Tribunal Constitucional, abarcando 16 normas específicas.

Como resultado del trabajo realizado, el Defensor del Pueblo emitió 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones en distintos niveles: estatal, autonómica y local. De estas resoluciones, se formularon 721 recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios sobre deberes legales, evidenciando un esfuerzo por parte de la institución para mejorar la eficiencia y la responsabilidad de la administración pública.

Desde la perspectiva geográfica, las quejas provienen, como en años anteriores, de las comunidades autónomas más densamente pobladas, destacando Madrid con 8.766 quejas, seguida de Andalucía con 4.374, Cataluña con 3.702 y Valencia con 3.458. Esto refleja, sin lugar a dudas, la necesidad de una atención más cercana a las realidades de estas regiones en materia de derechos y servicios públicos.