El Defensor del Pueblo exige acciones inmediatas contra la explotación laboral ante la falta de avances legislativos.

En un contexto alarmante, el Defensor del Pueblo ha hecho un llamado urgente para implementar medidas efectivas que salvaguarden a las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Esta declaración se produce en medio de un estancamiento en la tramitación de una ley integral destinada a combatir esta problemática social.

Según el Defensor del Pueblo, el actual sistema de detección y protección para las víctimas es insatisfactorio y requiere atención inmediata. Se ha hecho hincapié en que no se puede esperar a que la nueva normativa sea aprobada para abordar estas deficiencias.

Este mensaje se extrae del Informe Anual 2025, que fue presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el pasado martes. Dicho informe pone sobre la mesa la urgencia de actuar frente a la explotación laboral de personas vulnerables.

La ley orgánica integral contra la trata, cuyo anteproyecto recibió luz verde del Consejo de Ministros en marzo de 2024, sigue a la espera de su debate en el parlamento. El retraso en su tramitación ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos.

El informe también resalta que desde la reforma del Código Penal en 2010, se ha logrado una mayor claridad en la tipificación del delito de trata, diferenciándolo claramente de otros tipos de delitos como el tráfico ilegal de personas. Este avance está alineado con las normativas europeas e internacionales, lo que se considera un paso positivo en la lucha contra este fenómeno.

Sin embargo, a pesar de contar con el Protocolo Marco de Protección de Víctimas desde 2011, el documento revela que este solo aborda indicadores para víctimas de trata con fines de explotación sexual, sin proporcionar mejoras para aquellos explotados laboralmente. El Defensor del Pueblo advierte que esta situación se mantiene sin cambios significativos.

Asimismo, se señala que las personas migrantes en situación irregular enfrentan obstáculos considerables al intentar denunciar delitos. El informe menciona que las medidas previstas para proteger y brindar acceso a permisos de trabajo y residencia no llegan a la mayoría de las víctimas, lo que perpetúa su vulnerabilidad.

Para abordar este grave asunto, el Defensor del Pueblo sostiene que es fundamental garantizar la identificación de potenciales víctimas desde el primer momento, asegurando medidas de protección adecuadas para evitar sus expulsiones y brindándoles acceso a recursos que permitan su adecuada atención y acogida.

La relevancia de la Directiva (UE) 2024/1712 también se destaca en el informe, pues establece la necesidad de contar con "mecanismos de derivación formales" para facilitar el acceso a centros de acogida que cumplan con las necesidades de estas víctimas. No obstante, se enfatiza que, debido a la escasez de recursos, esta situación aún está lejos de resolverse para aquellos afectados por la explotación laboral.