En la jornada del martes, el Congreso de los Diputados reanudará el procesamiento de una proposición de ley que busca regular los alquileres de corta duración y habitaciones, iniciativa promovida por fuerzas políticas como Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG.

La tramitación de este proyecto legislativo comenzó su andadura en diciembre de 2024, con la presentación de enmiendas en mayo pasado. Sin embargo, ha sido necesario esperar hasta ahora para la convocatoria de la ponencia que procederá a su análisis.

Esta prolongada espera ha generado tensiones entre el PSOE y sus aliados de izquierda en el Parlamento, quienes han reclamado en múltiples ocasiones una mayor celeridad en la tramitación de la ley. ERC y Sumar han expresado públicamente su descontento por la falta de avances en el proceso.

Casi un año después de su admisión, la Cámara Baja ha decidido despertar esta propuesta, siendo recibida con satisfacción en el Ministerio de Vivienda, que considera que regular los alquileres de temporada es fundamental para combatir el fraude asociado a este tipo de vivienda, especialmente en las grandes urbes. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha instado a los diversos grupos parlamentarios a colaborar para llegar a un consenso.

La legislación que se discutirá prevé una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, buscando equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual. Esta medida pretende desincentivar el uso de contratos temporales, especialmente en las áreas consideradas tensionadas para abaratar los costos de vivienda.

Además, se establece que los arrendadores deberán justificar la necesidad de establecer un contrato temporal, debiendo cumplir con requisitos similares a los que se exigen en la legislación laboral.

Los contratos de temporada estarán limitados a una duración máxima de nueve meses, coincidiendo con el ciclo económico. Cualquier contrato que dure más de ese período o que consista en más de dos contratos consecutivos, será considerado un arrendamiento de vivienda habitual, aplicándose todas las normativas establecidas para este tipo de acuerdos, incluyendo plazos mínimos y posibles prórrogas.