El Congreso retrasa la ley de nacionalización saharaui hasta después del verano

La tramitación de la ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el antiguo Sahara Occidental se ha pospuesto hasta septiembre, tras una larga espera en el Congreso. La iniciativa, que busca beneficiar a unas 50.000 personas, no será aprobada antes del receso estival, lo que retrasa su entrada en vigor.

El debate en comisión, inicialmente previsto para mediados de julio, se ha aplazado, y la aprobación en Pleno, prevista para finales de julio, se ha retrasado también. La tramitación ha estado marcada por negociaciones internas y diferencias entre los partidos políticos, en un contexto de debate sobre el reconocimiento de los derechos de los saharauis y las implicaciones diplomáticas.

La ley pretende facilitar la adquisición de la nacionalidad española mediante la presentación de distintos documentos, excluyendo papeles emitidos por el Frente Polisario, que no es reconocido oficialmente por el Estado español. Además, beneficiaría a inmigrantes saharauis en España que tendrían un proceso simplificado para obtener la nacionalidad, con requisitos reducidos de residencia.

Desde la perspectiva política, la iniciativa refleja la sensibilidad del Gobierno respecto a la cuestión saharaui, en un contexto internacional complejo y con tensiones en la relación con Marruecos. La oposición, en particular el Partido Popular y Vox, mantiene una postura contraria, argumentando que la ley podría afectar las relaciones diplomáticas y la política migratoria.

El retraso en la aprobación también responde a las dinámicas internas del Congreso, donde las negociaciones y los pactos políticos influyen en los plazos. La próxima etapa será la votación en el Senado, un proceso que podría extenderse hasta finales de año, dependiendo de la agenda legislativa y de posibles cambios en el calendario parlamentario.

En un contexto más amplio, la ley simboliza el reconocimiento de derechos a una comunidad con vínculos históricos y actuales con España. Su aprobación futura será un indicador importante de la postura del Estado frente a la cuestión saharaui y su integración en la política migratoria y de derechos civiles.