El Pleno del Congreso de España ha decidido, con la abstención del PSOE, no dar paso a la proposición de ley presentada por Sumar que buscaba reformar la Ley de Vivienda. Esta reforma pretendía prohibir a empresas, fundaciones y fondos de inversión la compra de viviendas en el país.

La iniciativa recibió el apoyo de partidos como Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien se encuentra en el Grupo Mixto. En contraposición, el Partido Popular (PP), Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PNV, al igual que el PSOE, optó por la abstención.

Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y promotor de la iniciativa, defendió que la adquisición de viviendas por parte de estos grupos ha crecido notablemente desde los días de la burbuja inmobiliaria de 2008. Este mismo representante ha mostrado críticas hacia la ministra de Vivienda, Raquel Rodríguez, que anunció la creación del número 047 para consultas sobre temas habitacionales.

En defensa de su postura, el diputado del PSOE, Gabriel Blanco, enfatizó que su partido no se opondrá a debatir propuestas destinadas a resolver la crisis de vivienda, aunque recordó la importancia de reconocer el trabajo del Ministerio de Vivienda. Aseguró que el Gobierno está haciendo esfuerzos significativos para abordar esta problemática.

En este contexto, Blanco instó a Sumar a que no menosprecie los logros del Gobierno, aludiendo a que hay quienes buscan socavar su labor y debilitar la confianza en la administración actual.

Maribel Vaquero, portavoz del PNV, expresó su preocupación sobre la propuesta, argumentando que no se trata de una medida temporal o limitada, sino que es una disposición duradera que complicaría su integración en el marco legal existente.

Por su parte, Marta Madrenas de Junts criticó la iniciativa de Sumar, sugiriendo que no aborda ningún problema real y solo añade más restricciones que afectarían la oferta de viviendas, poniendo en riesgo proyectos en desarrollo y distorsionando aún más el mercado inmobiliario.

Desde el PP, Carlos Gil condenó la propuesta de Sumar, considerándola perjudicial para la Ley de Vivienda, la cual describió como una de las más dañinas del actual Gobierno. Gil argumentó que la prohibición sobre la compra de viviendas por personas jurídicas no representa una solución, sino un error que busca encontrar culpables en lugar de soluciones efectivas.

Finalmente, Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de Vox, sostuvo que la reforma de Ibáñez podría significar el colapso del mercado inmobiliario debido a las restricciones que plantean, sugiriendo que la única modificación sensata sería la derogación completa de la Ley de Vivienda vigente.