La Comisión del Estatuto del Diputado se encuentra en la fase final de discusión de un tema que ha captado la atención mediática y política del país. Se prevé que este órgano apruebe un dictamen este mismo día, el cual será enviado al Pleno del Congreso, donde se planteará la posibilidad de votar sobre el suplicatorio solicitado para investigar al exministro José Luis Ábalos a finales de enero.

La situación se agrava para el exministro de Transportes, quien tiene hasta el 13 de enero para presentar sus alegaciones en relación con el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo en el contexto del conocido como 'caso Koldo'. Este plazo ha sido establecido de manera unánime por la Comisión del Estatuto de los Diputados, y se espera que el mismo día en que concluye el plazo para presentar alegaciones, la Comisión vuelva a reunirse para aprobar sus conclusiones antes de llevar el asunto al Pleno.

El 19 de diciembre, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, comunicó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la elevación del suplicatorio en relación con el actual diputado del Grupo Mixto. Este viene a raíz de la solicitud del instructor del caso, Leopoldo Puente, quien ha apuntado a la existencia de "indicios bastantes" de la comisión de varios delitos, incluyendo integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

En una reunión celebrada telemáticamente, la Mesa del Congreso se encargó de calificar el escrito correspondiente al suplicatorio presentado. El órgano, presidido por Manuel Cobo y compuesto por un miembro de cada grupo parlamentario, convocó una sesión para tratar el tema en detalle. Esta reunión se llevó a cabo a puerta cerrada, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia en este proceso.

Como lo estipula el Reglamento del Congreso, Ábalos tiene la opción de presentar sus alegaciones por escrito hasta las diez de la mañana del 13 de enero o, si así lo prefiere, comparecer en persona ante la Comisión a las 12.30 del mismo día. Es importante señalar que, aunque la Comisión cuenta con un plazo reglamentario de 30 días para tramitar el suplicatorio, la falta de actividad parlamentaria en enero complica esta situación y podría llevar a solicitar a la Mesa del Congreso que autorice una reunión especial el 13 de enero.

Independientemente de si Ábalos decide presentar alegaciones, la Comisión se volverá a reunir en la tarde del 13 de enero para aprobar sus conclusiones. Aunque el Reglamento sugiere que el suplicatorio debe votarse en el siguiente Pleno ordinario, que no ocurrirá hasta febrero, el presidente de la Mesa ha dejado abierta la posibilidad de discutir este tema en una sesión extraordinaria a finales de enero, dependiendo de la decisión de la Junta de Portavoces.

Es crucial mencionar que tanto el debate como la votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso se realizan de manera privada, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. Además, se da libertad a los diputados en cuanto a sus votos, ya que se trata de un procedimiento secreto en el que solo se revela el resultado final, sin detallar la postura individual de cada representante.

Una vez que se emita un pronunciamiento en el Pleno sobre la concesión o denegación del suplicatorio, la presidenta del Congreso deberá trasladar esa decisión a la autoridad judicial dentro de un plazo de ocho días. Este mecanismo asegura que la Cámara esté informada sobre cualquier auto o sentencia que afecte personalmente a Ábalos.

Cabe destacar que el suplicatorio se considerará denegado si la Cámara no se pronuncia en un plazo de 60 días naturales desde su recepción. Hasta ahora, el Congreso ha aprobado un total de 33 suplicatorios, aunque ha rechazado 14, incluyendo dos que corresponden al propio Ábalos. La última denegación se remonta a 1988, un caso que involucraba al exministro socialista José Barrionuevo relacionado con el derecho al honor.

En cuanto al caso específico de Ábalos, se anticipa que su suplicatorio será aceptado. Inclusive el PSOE ha manifestado su intención de apoyarlo durante la votación, argumentando que su objetivo es esclarecer la situación lo antes posible y colaborar con la justicia.

El último suplicatorio aprobado fue en septiembre de 2022, cuando se permitió al Tribunal Supremo investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos relacionados con su gestión como alcalde. Cabe recordar que también se otorgaron suplicatorios en el pasado a figuras destacadas de la política, como la expresidenta de Junts, Laura Borràs, y a otros diputados de Podemos cuyo recorrido judicial ha sido igualmente controvertido.

En resumen, la situación en torno a José Luis Ábalos es un claro reflejo de la complejidad de la política española, donde los suplicatorios son un mecanismo que, aunque necesario, suscita debates sobre la transparencia y la justicia en la aplicación de la ley. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían tener consecuencias significativas no solo para el exministro, sino también para la percepción pública del sistema político actual.