En Madrid, el 1 de febrero, se confirma que la reforma del sistema penal promovida por Junts, que busca endurecer las penas por multirreincidencia, será sometida a votación en el Pleno del Congreso durante la semana del 10 de febrero. El Partido Socialista, por su parte, sigue chocando con los otros partidos de la coalición de izquierda, como Sumar, Bildu, ERC y Podemos, que han manifestado su desacuerdo con esta propuesta.

Esta iniciativa legislativa fue presentada por Junts en marzo de 2024 y se enfocaba en modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque fue admitida a trámite medio año después, el proceso se detuvo durante meses hasta que, en marzo de 2025, se presentaron enmiendas que también quedaron estancadas por el desacuerdo de los aliados del Gobierno en la izquierda.

La situación dio un giro tras el anuncio de Junts de romper el diálogo con el Gobierno, lo que llevó al PSOE a reactivar la reforma. En una semana, la Comisión de Justicia aprobó el texto, que ahora será debatido y votado por el Pleno antes de ser enviado al Senado para completar su tramitación.

Se espera que este debate refleje nuevamente el abismo entre el PSOE y su socio en el Gobierno, Sumar, en cuanto a la cuestión de la multirreincidencia. En el transcurso de la comisión quedó en claro el descontento existente entre las partes.

La reforma incluirá sanciones más severas, como una multa de entre uno y tres meses para hurtos que no superen los 400 euros, pudiendo llegar a penas de prisión de uno a tres años si el infractor ha sido condenado anteriormente por otros delitos menores. Se agrega un agravante específico para hurtos de dispositivos electrónicos, aunque no se aplicará a robos de móviles nuevos en tiendas.

Adicionalmente, se ha acordado con el PP, PSOE y PNV que las penas por multirreincidencia se extenderán a delitos como la estafa, considerando varios factores para determinar la gravedad de la infracción, incluyendo el daño financiero causado y la relación entre el defraudador y la víctima.

Una modificación acordada permitirá la imposición de restricciones locales al delincuente, como la prohibición de acceder a ciertos lugares o comunicarse con personas específicas, según lo que se considere necesario.

Finalmente, una enmienda propuesta por el PP, PNV y Junts establece penas de uno a cinco años para aquellos que colaboren con el narcotráfico, castigando acciones relacionadas con el transporte de combustible ilegal para las narco lanchas.

Durante la discusión en la comisión, Junts defendió que su objetivo es combatir la creciente frustración de los ciudadanos ante los hurtos. El PSOE argumentó que la reforma responde a las demandas sociales, mientras que el PP señaló la necesidad de abordar la sensación de inseguridad. Vox aplaudió la mayor severidad, y el PNV consideró que la medida es un reclamo generalizado.

Estos grupos respaldaron la reforma, al contrario de Sumar, Bildu y Podemos, quienes se opusieron, y ERC, que se abstuvo. Sumar justificó su postura al argumentar que la reforma responde a un enfoque "punitivista" que satisface a Junts, mientras Bildu criticó la falta de proporcionalidad y efectividad de la ley. Podemos, por su parte, advirtió que alimenta narrativas xenófobas, y ERC expresó su preocupación por las expectativas generadas por esta reforma que, según ellos, no resolverá los problemas existentes.