El Congreso aprueba la ley de memoria para compensar a víctimas de represión, con el rechazo del PP y Vox.

En un acontecimiento significativo para el ámbito político español, el Congreso ha ratificado en su Pleno la revisión de la Ley de Memoria Democrática, que contempla compensaciones para aquellas personas que fueron víctimas de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. El apoyo para esta reforma provino de los aliados habituales del Gobierno, mientras que PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) manifestaron su oposición, y Junts optó por la abstención.

Los grupos que se alinearon a favor de la reforma, como Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG, lo hicieron tras alcanzar acuerdos en negociaciones con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Estos acuerdos permitieron que los partidos pudieran presentar futuras enmiendas a la ley, ya que el texto se tramitará como un proyecto de ley, aunque no hay garantía de que todas las modificaciones sean finalmente aceptadas.

Entre las discusiones, se planteó la necesidad de ampliar el periodo de tiempo para la indemnización, sugiriendo que las ayudas se extiendan hasta el 31 de diciembre de 1983. Partidos como Podemos, Bildu y BNG han enfatizado que la legislación debe reconocer que hubo vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha. Esquerra, por su parte, ha comunicado un acuerdo preliminar que podría permitir que el Gobierno acepte este nuevo marco temporal y amplíe el tiempo para solicitar las compensaciones, haciendo hincapié en que se necesita revisar los requisitos para evitar "exclusiones injustas".

Ante preguntas sobre este compromiso, el ministro Torres reconoció que el acuerdo con ERC incluye la inclusión de la nueva fecha, aunque recordó que el proceso legislativo está aún por completo en marcha y dependerá del apoyo de otros grupos políticos.

El ministro lamentó particularmente la negativa del PP y Vox a respaldar esta iniciativa, señalando que es difícil de justificar por parte de un demócrata. Torres expresó su satisfacción por la esperanza que la aprobación de esta reforma brinda a los que recibirán las compensaciones, afirmando que su oposición no impidió que el proyecto avanzara.

La votación de Junts se mantuvo en secreto, y de haber sido negativa, habría resultado en la derogación del decreto ley. El diputado Josep María Cervera criticó que la reforma no incluye a los "guerrilleros" antifranquistas, cuestionando si una democracia puede desestimar el reconocimiento a quienes lucharon armados contra la dictadura.

Con esta nueva modificación legal, se permitirá indemnizar a figuras como Manuel José García Caparrós, quien falleció a raíz de un disparo de la Policía durante una manifestación en 1977 por el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Previamente, la Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, había limitado las indemnizaciones a aquellos que fallecieron en defensa de la democracia entre 1968 y 1977.

La ley original de 2007 fue completamente derogada en 2022, bajo el Gobierno de Sánchez, dejando fuera a muchos afectados de la represión del tardofranquismo. Fue por ello que se ha optado por esta nueva modificación, que amplía el marco temporal hasta finales de 1978, coincidiendo con la entrada en vigor de la Constitución.

Además, el decreto ajusta los montos de las indemnizaciones previamente establecidos. Las víctimas directas podrán recibir hasta 250.000 euros, considerando las circunstancias excepcionales de sus decesos. Es importante mencionar que la normativa excluye explícitamente a miembros de organizaciones terroristas o sus familiares de recibir compensación.

En el caso de las personas que sufrieron lesiones incapacitantes, las indemnizaciones ascienden a 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta y hasta 500.000 euros en el caso de una gran invalidez.