El 19 de diciembre, Madrid se convirtió en el escenario de un importante avance legislativo, ya que el Pleno del Congreso aprobó, con carácter definitivo, la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia. Esta aprobación se produjo tras superar por mayoría absoluta el veto que había impuesto el Partido Popular en el Senado, en un contexto en el cual Podemos había retirado su advertencia de bloquear la ley.

La modificación del veto aprobado en el Senado requería una mayoría absoluta en la Cámara Baja, es decir, un total de 176 votos a favor. Sin embargo, el martes anterior a la votación, los representantes de Podemos manifestaron que sus cuatro diputados no colaborarían en esta tarea, en señal de protesta contra una enmienda promovida por el PNV que pretendía acelerar los procedimientos de desahucio en casos de ocupación ilegal.

A pesar de las tensiones iniciales, este jueves, la posición de Podemos cambió y el Gobierno logró reunir el respaldo de 177 diputados para levantar el veto del Senado y otorgar luz verde definitiva a esta ley que modifica el ámbito de la justicia. En compensación por su apoyo, los representantes de Podemos aseguraron haber negociado una serie de contrapartidas, destacando el compromiso del Gobierno de suspender una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducida por el PNV, la cual se presentó aprovechando una confusión vinculada a Bildu y ERC.

Tras la votación, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó su satisfacción por la aprobación de lo que él considera una "gran transformación" del sistema judicial. En su discurso, Bolaños afirmó que esta ley establece las bases para un sistema de justicia moderno, caracterizado por una "mayor flexibilidad", una gestión más equilibrada de la carga de trabajo, y la facilitación de procesos de contratación, entre otros avances significativos. "Hoy hemos dado un paso gigante", enfatizó el ministro del Partido Socialista.

La legislación que ha sido sancionada establece dos líneas fundamentales de acción. La primera consiste en una reforma organizativa destinada a potenciar la especialización dentro del sistema judicial y a optimizar la gestión de recursos mediante la creación de Tribunales de Instancia y Oficinas de Justicia en los municipios.

La segunda línea de actuación aborda aspectos procesales, con el objetivo de aligerar la carga sobre los juzgados y tribunales. Esto incluye la implementación de medios alternativos para la resolución de conflictos (MASC) en vías no jurisdiccionales, particularmente en los ámbitos civil y mercantil, utilizando herramientas como la mediación y el arbitraje, con el fin de prevenir la congestión en el sistema judicial.