El Congreso aprueba acciones clave por el conflicto en Irán: reducción del IVA, ayuda social y mejoras fiscales.

MADRID, 26 de marzo. En una reciente sesión, el Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno al decreto ley emitido por el Gobierno para mitigar los efectos colaterales de la guerra en Irán, conflicto que ha tensado los mercados energéticos y elevado los precios del gas y petróleo.

Esta decisión se enmarca dentro del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, que establece el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Según las proyecciones del Gobierno, este plan movilizará más de 5.000 millones de euros para enfrentar la situación.

Con el fin de adaptarse a la evolución de la crisis, el Gobierno ha implementado medidas que permanecerán vigentes hasta 2026, las cuales podrían ser prorrogadas si la escalada de precios persiste. Entre las acciones anunciadas se encuentra la reducción del IVA del 21% al 10% en combustibles y electricidad, así como la disminución del impuesto sobre pellets y leña.

Además, se reintegrará a los contribuyentes las deducciones de hasta el 40% en el IRPF en relación con la rehabilitación energética de viviendas y se permitirá una deducción del 15% en la compra de vehículos eléctricos, siempre que no estén destinados a una actividad económica.

El Gobierno también se ha comprometido a extender el bono social eléctrico y a mantener el escudo social durante 2026. Entre las medidas implementadas se incluye la congelación del precio de las bombonas de butano y propano durante todo el año, buscando proteger a los hogares que dependen de estos combustibles.

Además, se ha prorrogado la suspensión del Impuesto del 7% sobre la Producción de Energía Eléctrica y se ha reducido el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo permitido por la normativa europea. También se aplicará una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

Para aliviar el impacto del encarecimiento de la energía, se ha optado por reducir la carga fiscal sobre los hidrocarburos, ajustando los impuestos relacionados con el transporte profesional. Sin embargo, estas reducciones en los impuestos de hidrocarburos, electricidad y VAT estarán sujetas a la evolución de los precios de consumo en junio de 2026.

El paquete de medidas también incluye un apoyo directo de 20 céntimos por litro a sectores económicos como el transporte, la agricultura y la pesca, que será gestionado por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de País Vasco y Navarra. Asimismo, se ofrecerá asistencia para la compra de fertilizantes con la finalidad de contener el aumento de los precios de los alimentos básicos.

Se han establecido bonificaciones de hasta el 50% en el IBI para construcciones que utilicen sistemas de energía solar y hasta el 95% en el ICIO para proyectos que implementen estos sistemas. Además, se prohibirán despidos en empresas afectadas por el conflicto, así como en aquellas que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá nuevas atribuciones para vigilar que las empresas beneficiarias no se lucren indebidamente. Esto incluye un seguimiento exhaustivo de los márgenes de las empresas de suministro de combustible, con la posibilidad de limitar sus beneficios.

Finalmente, el decreto acelerará la implementación de planes de movilidad sostenible, obligando a empresas con más de 200 empleados a contar con estos planes antes del 5 de diciembre de 2026.

IMPULSO A LA VIVIENDA PÚBLICA:

Para concluir, se introducirá un cambio normativo que busca facilitar la construcción de vivienda pública y asequible, modificando la Ley de Contratos del Sector Público. Esta iniciativa tendrá como objetivo simplificar el marco regulatorio y potenciar las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la vivienda, conforme a lo establecido en la Ley de Vivienda de 2023.