El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una decisión unánime este miércoles, considerando a Teresa Peramato adecuada para el puesto de fiscal general del Estado, tras la dimisión de Álvaro García Ortiz debido a su condena en el Tribunal Supremo. Este último fue el primer candidato en ser clasificado como "no idóneo" para el cargo por parte del organismo judicial.

El CGPJ llevó a cabo un Pleno extraordinario, iniciando pronto a las 12:00 horas, exclusivamente para revisar el informe legal necesario para el nombramiento del máximo responsable del Ministerio Público. Este informe evalúa si el postulante propuesto por el Gobierno cumple los estándares establecidos: ser un jurista de prestigio con un mínimo de 15 años de experiencia en el área.

Los miembros del CGPJ concordaron en que Peramato posee las credenciales adecuadas para asumir la fiscalía general. Según informaron fuentes cercanas al Consejo, la reunión, que incluyó tanto a vocales progresistas como conservadores, se desarrolló en un breve lapso de quince minutos.

Históricamente, el informe de este Consejo ha respaldado el nombramiento del candidato propuesto por el Ejecutivo, exceptuando el caso de García Ortiz. En su momento, el informe había aprobado su llegada al cargo, pero en el proceso de renovación fue clasificado como "no idóneo".

La anterior composición del CGPJ, que contaba con una mayoría conservadora, se opuso a la continuidad de García Ortiz, citando una sentencia reciente del Tribunal Supremo que lo señalaba por "desviación de poder" tras haber promovido a su predecesora, Dolores Delgado, a un puesto elevado en la carrera fiscal.

En esa ocasión, el Consejo argumentó que García Ortiz había incurrido en una política de nombramientos arbitrarios, favoreciendo a miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), implementando criterios considerados inadecuados, como ocurrió con la polémica ley del "solo sí es sí", y su falta de acción ante las denuncias de "lawfare" en contra de fiscales vinculados al 'procés'.

Este duro veredicto generó críticas desde el sector progresista del CGPJ, que argumentaron que los vocales conservadores se habían excedido al emitir un informe que iba más allá de la evaluación de los requisitos legales establecidos.

A pesar del dictamen desfavorable del CGPJ, el proceso de renovación de García Ortiz avanzó, ya que el informe del Consejo, aunque necesario, no posee carácter vinculante.

Ante la renuncia de García Ortiz, el Partido Popular ha solicitado que el examen del CGPJ sea vinculante a partir de ahora, así como que se amplíe a un mínimo de 20 años de experiencia, propuesta que el Gobierno y su vicepresidenta han calificado como una "ocurrencia".

En un punto de partida esencial, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, informó que la dimisión de García Ortiz ha iniciado oficialmente el proceso de su reemplazo.

Bolaños aclaró que el mecanismo comienza con una solicitud del Gobierno al CGPJ para la emisión del informe, seguido por la comparecencia de Peramato ante la Comisión de Justicia del Congreso, que también realizará su respectiva evaluación de la candidata, aunque sin obligatoriedad.

Finalmente, será el Rey quien formalice el nombramiento propuesto por el Consejo de Ministros, otorgando a Peramato el cargo de fiscal general del Estado, convirtiéndola en la cuarta persona en este puesto bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Reconocida por su trayectoria de 35 años y su compromiso en la lucha contra la violencia de género, Peramato cuenta con el respeto de sus colegas. Sin embargo, algunos críticos mencionan una posible "carga ideológica" debido a su asociación con la UPF. Su mayor desafío será sanar las divisiones internas y restaurar la credibilidad del Ministerio Público.