Un importante anuncio se realizó recientemente en el ámbito de las pensiones en España. Al cierre de este año, se ha confirmado que las pensiones mínimas experimentarán un aumento de cerca del 6%, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirá un 9% y el complemento destinado a la reducción de la brecha de género verá un incremento del 8,1% en las cantidades asignadas.

En una publicación oficial del Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, quedó formalizado el Real Decreto-ley de revalorización de pensiones que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2025. Esta medida beneficiará a más de 12 millones de pensionistas, quienes verán incrementadas sus prestaciones en los próximos meses.

Las pensiones contributivas y las correspondientes a las clases pasivas del Estado recibirán un aumento del 2,8% en su cuantía. Este aumento no es el único, ya que las pensiones mínimas escalarán hasta cerca de un 6%, mientras que las pensiones no contributivas y el IMV se revalorizarán un 9%, un dato considerable que impactará en numerosas familias.

Según los detalles del decreto, se implementará una cuota de solidaridad a partir de 2025, así como el aumento de las bases máximas de cotización y la elevación de la pensión máxima, que alcanzará los 3.267,60 euros mensuales, un cambio significativo en el marco de la política de pensiones del país.

Las pensiones mínimas de jubilación se ajustarán a 12.241,6 euros anuales para los hogares unipersonales, un incremento frente a los 11.552,8 euros de 2024. En los casos de pensiones con cónyuge a cargo, el monto ascenderá a 15.786,4 euros anuales, aumentando notablemente desde los 14.466,2 euros del año anterior.

Además, las asignaciones por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanzarán en 2025 un total de 5.805,6 euros al año. Para aquellos menores con una discapacidad igual o superior al 75%, la cifra se elevará a 8.707,2 euros anuales, reflejando un aumento del 2,8% interanual.

En lo que respecta al complemento para la reducción de la brecha de género, este se incrementará un 8,1% en 2025, garantizando que se elevará hasta los 35,9 euros mensuales por hijo, lo que demuestra un compromiso hacia la equidad en el sistema de pensiones.

El incremento del 2,8% en las pensiones contributivas, que beneficiará a más de nueve millones de pensionistas, está en línea con la fórmula de revalorización contenida en la Ley de reforma de las pensiones. Esta ley establece que la actualización de las pensiones se desarrollará en función del IPC interanual promedio de los últimos doce meses, resultando en el porcentaje anunciado.

El año anterior, 2024, las pensiones contributivas ya se habían elevado un 3,8%, y en 2023 se había dado un incremento del 8,5%, mostrando una tendencia de ajuste en función de las variables económicas que afecta a los pensionistas.

Se estima que la revalorización de un 2,8% representará un adicional de aproximadamente 600 euros al año para quienes perciben una pensión media de jubilación contributiva. Por lo tanto, el total de las pensiones medias del sistema se verá incrementado en cerca de 500 euros anuales en 2025.

El alcance de esta medida será notable, ya que beneficiará a cerca de 9,3 millones de personas que reciben alrededor de 10,3 millones de pensiones contributivas, sumándose a las 720.148 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que también experimentarán este aumento del 2,8%.

Con esta mejora, un pensionista que hasta ahora recibe 1.441 euros mensuales (la pensión media de jubilación de 2024) pasará a cobrar en 2025 1.481,35 euros mensuales. Este ajuste representará un incremento anual de 564,87 euros, equivalente a 40,3 euros adicionales al mes, distribuidos en catorce pagas, un alivio significativo para muchas familias.

Desde la implementación de la Ley 20/2021, que surgió de la colaboración entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan anualmente en función del aumento de los precios, permitiendo así mantener su poder adquisitivo, en sintonía con las recomendaciones del Pacto de Toledo, un mecanismo esencial en la política de pensiones.

La pensión máxima quedará establecida para 2025 en 3.267,60 euros mensuales, lo que equivale a 45.746,40 euros anuales, símbolo de un sistema que, si bien enfrenta desafíos, busca garantizar prestaciones dignas a los ciudadanos.

A partir del 1 de enero de 2025, la Seguridad Social implementará una cotización adicional denominada cuota de solidaridad, afectando a aquellos salarios que superen la base máxima de cotización. Para el próximo año, dicha base será de 4.909 euros mensuales, un incremento del 4% en comparación con 2024.

Esta cuota será distribuida entre empleadores y empleados, donde aproximadamente un 83,4% del costo recaerá sobre la empresa y el 16,6% restante invadirá el bolsillo del trabajador, generando un debate sobre la carga fiscal y su impacto en el mercado laboral.

La reforma de pensiones implementada por José Luis Escrivá cuando ocupaba el cargo de ministro de Seguridad Social establece que, desde 2024 hasta 2050, las bases máximas de cotización deberán aumentar anualmente en función del IPC promedio de los doce meses precedentes y un incremento fijo de 1,2 puntos, asegurando así un crecimiento gradual de las contribuciones.

En consecuencia, para 2025, la base máxima experimentará un aumento del 4%, llegando a los 4.909 euros mensuales o 58.908 euros anuales, estableciendo un nuevo estándar para las contribuciones a la Seguridad Social y el sistema de pensiones.

La cuota de solidaridad será progresiva y se aplicará por tramos, comenzando con un 0,92% para salarios que superen en hasta un 10% la base máxima, un 1% para la porción que se encuentre entre el 10% adicional y el 50%, y un 1,17% para aquellos salarios que sobrepasen en más del 50% la base máxima.

Para el año 2045, esta medida alcanzará su máximo despliegue, con tramos de 5,5%, 6% y 7% aplicados progresivamente, un cambio que sin duda generará repercusiones en la administración del sistema de pensiones.

Es crucial resaltar que esta cuota adicional no otorga derecho a una pensión mayor y afecta únicamente a los trabajadores por cuenta ajena, mientras que los autónomos ya cuentan con un sistema de cotización específico, lo cual ha sido objeto de diversas críticas y propuestas de mejora.

En el contexto del inicio de esta cuota de solidaridad, se anticipa también una nueva alza en la sobrecotización correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se elevará a un 0,8% en 2025, afectando tanto a autónomos como a asalariados, sin distinción en relación al sueldo que perciban.

Los empresarios asumirán el 0,67% de esta cotización del MEI, mientras que el restante 0,13% corresponderá a los trabajadores. Esta medida se contempla como un esfuerzo para fortalecer la "hucha de las pensiones", un mecanismo crucial en el sostenimiento del sistema a largo plazo.

El MEI contempla incrementos progresivos hasta su estabilización en un 1,2% en 2029, con ingresos que se destinarán a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, lo que plantea interrogantes sobre la sustentabilidad a futuro.

Finalmente, para el ejercicio de 2025, y hasta que se aprueben los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, las bases mínimas de cotización, para aquellos grupos que las tengan, se incrementarán automáticamente en la misma proporción que el salario mínimo interprofesional (SMI), ajustándose cada vez más a las realidades económicas del país.