MADRID, 26 de noviembre.

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha manifestado su postura sobre la custodia de los 27.620 documentos pertenecientes a la Fundación Francisco Franco, sugiriendo que deberían ser archivados en el Archivo General de la Administración.

Martí expuso su opinión en un evento dedicado a discutir los desafíos y oportunidades en las políticas culturales, que tuvo lugar en la Fundación Ortega-Marañón, donde realizó un balance al llegar a la mitad de la legislatura.

En una declaración previa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, indicó el 20 de noviembre que el Gobierno está dispuesto a perseguir por la vía judicial la recuperación de estos archivos, justo después de anunciar el inicio del procedimiento para disolver la Fundación.

“El Archivo General de la Administración ya atesora documentos de expresidentes, por lo que esos archivos deben estar allí, accesibles para historiadores y académicos,” precisó Martí al ser cuestionado sobre la ubicación idónea para estos documentos.

El secretario de Estado apoyó las declaraciones del ministro Urtasun, quien afirmó en un reciente encuentro informativo que “todos los archivos de figuras políticas, incluidas las de dictadores, tienen carácter público por ley,” independientemente del futuro de la Fundación.

“Lucharemos para que esto se lleve a cabo y también para lograr el cierre de la fundación. No es aceptable que exista una entidad que glorifique a un dictador que aplicó la violencia sobre el pueblo español,” declaró Martí con firmeza.

Aunque Martí apuntó que la disolución de la FNFF debió producirse “hace mucho tiempo,” expresó su descontento porque en España la discusión sobre la memoria democrática comenzó “mucho después de haber alcanzado la democracia.”

El archivo en posesión de la FNFF, de naturaleza pública, alberga una variada colección de documentos en diferentes formatos. Contiene, por ejemplo, informes sobre visitas de líderes extranjeros, como la de Eisenhower en 1959 y la de Eva Perón en 1947.

Además, se guardan documentos de importancia histórica relacionados con la Segunda Guerra Mundial, las relaciones con Estados Unidos, la aceptación de España en la ONU, la historia colonial y proceso de descolonización, así como temas relacionados con Gibraltar y las relaciones con el Vaticano.

Esta colección incluye abundante correspondencia con presidentes y otros líderes internacionales, así como con diferentes administraciones, desde ministerios hasta ayuntamientos. También se registran solicitudes y apoyos políticos provenientes de ciudadanos y diversas organizaciones públicas y privadas.

En cuanto a su antigüedad, se contabilizan aproximadamente 950 documentos de los años 30 (un 3,4% del total), 8.500 de la década de los 40 (30,8%), 9.500 de los años 50 (34,4%), 5.700 de los 60 (20,6%) y 1.040 de los 70 (3,8%), además de cerca de 2.000 documentos no datados.

“Debido al carácter de estos documentos, deben ser devueltos al Estado y guardados en un archivo público,” afirma el Ministerio de Cultura, dirigido por Urtasun, que ha anunciado su intención de remitir a la Abogacía del Estado los informes técnicos necesarios para solicitar judicialmente la recuperación de estos archivos.