El 8 de noviembre en Madrid, se dio a conocer que Estados Unidos decidió no participar en la próxima revisión de su informe sobre Derechos Humanos, un proceso conocido como el Examen Periódico Universal (EPU), programado para llevarse a cabo este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta decisión, sin precedentes, resalta un distanciamiento notable entre Washington y la organización internacional.

Los funcionarios estadounidenses se ausentaron de la reunión, confirmando así lo que habían anunciado en agosto, en un comunicado emitido por Juliette de Rivero, quien dirige el departamento del EPU en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde el inicio del año, la Administración Trump ha sostenido que no aceptará críticas sobre su historial humanitario, insistiendo en que Estados Unidos es un referente de libertades civiles y un modelo a seguir a nivel global.

El Consejo de Derechos Humanos reaccionó posponiendo la evaluación para el próximo año, con la esperanza de que Estados Unidos decida finalmente participar. Sin embargo, expresaron su decepción por la decisión y instaron a la administración estadounidense a retomar la colaboración con el organismo, en concordancia con las resoluciones internacionales pertinentes.

Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado esta retirada, advirtiendo que establece "un precedente vergonzoso", según lo declarado por Amanda Klasing, directora de relaciones internacionales de la organización en EE.UU.

Klasing indicó que la Administración Trump está demostrando un creciente desdén por la rendición de cuentas en el ámbito internacional y por los Derechos Humanos tanto en el país como en el exterior. Al rehusarse a participar en este examen, EE.UU. se ha alineado con naciones como Nicaragua, contribuyendo a debilitar este importante mecanismo y liderando una preocupante tendencia de retroceso global en materia de derechos humanos.

Amnistía también ha denunciado la deriva autoritaria del gobierno actual, acusándolo de reprimir a los disidentes, criminalizar las protestas, llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en sus operaciones contra narcotráfico en América Latina y el Caribe, y de desmantelar su propia infraestructura de Derechos Humanos al retirar la financiación a las agencias nacionales encargadas de esta labor.

Klasing concluyó que la decisión de no participar en el EPU es parte de un patrón más amplio de evasión y falta de rendición de cuentas en la política estadounidense.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también ha condenado este boicot. Según Chandra Bhatnagar, directora ejecutiva de la ACLU en California, el gobierno se ha convertido en un adversario de las libertades de sus propios ciudadanos.

Bhatnagar argumentó que desde la violencia en las redadas migratorias, hasta los ataques a la libertad de expresión de manifestantes y periodistas, así como el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses sin una crisis que lo justifique, el mundo está siendo testigo de cómo el gobierno atenta contra los derechos constitucionales y humanos de su propia población.