El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha declarado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no tiene derecho a reclamar la Presidencia" debido a su derrota en las elecciones. Esta afirmación se suma a un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, donde el gobierno estadounidense busca reafirmar su posición sobre la legitimidad del liderazgo en el país sudamericano.

En un movimiento que subraya su fuerte postura, el Gobierno de Estados Unidos ha incrementado la recompensa a 25 millones de dólares para aquellos que puedan proporcionar información que conduzca al arresto o condena de Maduro. Este nuevo paquete de medidas no solo incluye sanciones dirigidas a funcionarios implicados en la administración chavista, sino que también reafirma el reconocimiento del opositor Edmundo González como el "presidente electo" de Venezuela.

Las autoridades estadounidenses consideran "indiscutible" que González debería haber asumido la presidencia tras ganar las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, critican a Maduro por su desprecio hacia la democracia y por llevar a cabo una investidura que califican de ilegítima. Fuentes de la Administración Biden han expresado su frustración ante la situación actual y han reiterado su apoyo a una transición democrática en Venezuela.

La respuesta de Washington ha sido significativa, aumentando la recompensa previamente establecida contra Maduro, que ahora alcanza su nivel máximo. Esto se detalla en la legislación que también está dirigida a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y relevante figura del régimen chavista, quien también enfrenta una recompensa de 25 millones de dólares.

Por otro lado, la Administración Biden ha anunciado la oferta de hasta 15 millones de dólares por información que facilite la detención del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lo que refleja un enfoque más agresivo por parte de Estados Unidos hacia los altos mandos del régimen venezolano.

Asimismo, el gobierno estadounidense planea ampliar sus restricciones de viaje contra aquellos vinculados a actos de represión y a la manipulación del proceso electoral en Venezuela. El Departamento del Tesoro ha implementado un nuevo conjunto de sanciones económicas contra varios funcionarios del Gobierno y empresas estatales, lo que se presenta como un acto de "solidaridad" con el pueblo venezolano, añadiendo más presión al gobierno de Maduro.

En esta lista de sancionados se encuentran figuras clave como el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez, el viceministro del Interior Féliz Ramón Osorio Guzmán, y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). También se menciona al presidente de la petrolera estatal PDVSA, Héctor Andrés Obregón Pérez.

Las sanciones impuestas incluyen la congelación de activos que estos funcionarios puedan tener en Estados Unidos, además de restricciones para llevar a cabo relaciones comerciales. Washington ha enfatizado su intención de coordinar estas medidas con aliados internacionales como la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, buscando un enfoque multilateral para abordar la crisis en Venezuela.

Antony Blinken ha utilizado las redes sociales para enfatizar el mensaje: "El pueblo venezolano y el mundo saben que Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales". Reiterando la postura oficial, afirmó: "No tiene derecho a reclamar la Presidencia hoy. Estamos dispuestos a apoyar el retorno a la democracia en Venezuela". Este compromiso subraya la intención de Estados Unidos de actuar en pro de un cambio del régimen en Caracas y del restablecimiento de la democracia en la nación sudamericana.