Educación propone prohibir móviles en colegios y las Autonomías del PP lo rechazan: "Llega tarde e incompleta".

Educación propone prohibir móviles en colegios y las Autonomías del PP lo rechazan:

Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han criticado la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para prohibir los teléfonos móviles en los colegios de toda España, al considerar que llega "tarde" ya que esta medida está ya implantada en varias regiones del país.

Asimismo, han rechazado que la ministra Pilar Alegría haya presentado esta propuesta para establecer una limitación de estos dispositivos en las aulas común para toda España en una reunión "informal" celebrada este miércoles en vez de convocar una Conferencia Sectorial.

Precisamente, el Gobierno de la Región de Murcia ha recordado que llevan trabajando meses en la regulación del uso de dispositivos digitales en los centros educativos.

"Una vez más la propuesta del Gobierno de la Nación de prohibir los teléfonos móviles en los colegios, que ha trasladado hoy la ministra de Educación en la reunión informal convocada por el Ministerio, llega tarde y es incompleta", ha advertido el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo murciano, Víctor Marín.

Para el consejero de la Región de Murcia, el Gobierno "se dedica a copiar buenas prácticas que ya han puesto en marcha las autonomías respecto a la regulación del uso de los dispositivos electrónicos de uso individual, intentando apuntarse un logro con la regulación de materias en las que no tiene competencias".

En este sentido, Marín ha aclarado que "la convivencia en los centros educativos se encuentra fuera de las competencias estatales y corresponde a las comunidades autónomas" y ha resaltado que la propuesta del Ministerio "pone de manifiesto de nuevo la incapacidad del Gobierno de España para afrontar los graves problemas educativos del país y el fracaso de sus políticas educativas, que han llevado a que España obtenga los peores datos en el informe PISA".

El consejero murciano ha lamentado que el Ministerio "haya politizado el Grupo de Trabajo constituido en el seno del Consejo Escolar del Estado, tal y como denunciaron los Consejos Escolares de nueve comunidades, ya que la regulación de la utilización de los dispositivos electrónicos es un tema mucho más serio y más complejo que se tiene que abordar desde la rigurosidad de un grupo de expertos, tal y como se hace desde la Región".

En la misma línea, la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha lamentado que el Ministerio vaya "una vez más a remolque" con la regulación de los móviles y siga sin convocar la sectorial.

La Consejería ha señalado que se trata de una cuestión que "buena parte" de las comunidades ya han resuelto con "amplia" aceptación de la comunidad educativa.

Dicha reunión ha sido valorada por el Departamento que dirige Patricia del Pozo como la demostración de que el Gobierno central "no sólo va una vez más muy tarde y a remolque" de las iniciativas que adoptan los gobiernos autonómicos, cambiando de forma "radical" la postura que había mantenido inicialmente, sino que supone una "dilación" en la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación para trabajar sobre los "graves problemas" que sufre el sistema educativo español, a tenor de los últimos indicadores de evaluación.

En la reunión de este miércoles, Andalucía, "como la mayoría de las comunidades", ha reiterado la necesidad de abordar ya un análisis "serio y riguroso" de la situación de la educación en España, junto a la comunidad educativa, que evalúe el impacto, que "se está demostrando negativo", de la LOMLOE.

Andalucía también reguló el uso de los teléfonos móviles en sus centros educativos el pasado 4 de diciembre a través de unas instrucciones, circunscribiéndolo a un fin pedagógico o necesidades personales debidamente justificadas durante el horario lectivo, incluyendo los recreos, y también durante el horario del servicio de comedor, actividades complementarias y extraescolares, ofreciendo seguridad jurídica al profesorado.

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