MADRID, 5 de enero.

La Asamblea Nacional de Ecuador ha tomado una decisión trascendental al aprobar una resolución que establece el 8 de diciembre como un día de luto nacional. Esta medida se adopta en honor a los cuatro menores que fueron encontrados calcinados la semana pasada tras haber desaparecido durante una operación militar del Ejército en el barrio Las Malvinas, ubicado en Quito.

La resolución fue autorizada con el respaldo de 92 votos a favor, aunque también se registraron 32 abstenciones. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, subrayó la relevancia de buscar justicia y erradicar la impunidad en el país, destacando la necesidad de que se reconozcan los derechos de todas las víctimas.

Los hechos trágicos que llevaron a esta decisión ocurrieron el 19 de diciembre, cuando se hallaron los cuatro cuerpos calcinados en las cercanías de la base aérea del Ejército en Taura, situada a 30 kilómetros de Guayaquil. Según un comunicado de la Fiscalía, los análisis forenses han confirmado que los restos son efectivamente los de los menores desaparecidos.

Ante esta desgarradora situación, la justicia ecuatoriana ha dictado prisión preventiva para un grupo de 16 militares que supuestamente están involucrados en el caso, acusados de desaparición forzada conforme a lo estipulado en el artículo 84 del Código Penal. La Fiscalía ha logrado reunir una serie de pruebas que incluyen testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses y evidencias físicas, entre ellas, los teléfonos móviles de los imputados.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador (CDH) ha expresado su profundo pesar por la muerte de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, así como por sus amigos Nehemías Arboleda y Steven Medina, de 15 y 11 años, quienes fueron detenidos de manera “arbitraria” por las fuerzas militares en el transcurso de este incidente trágico.

Este caso ha reabierto el debate sobre la estrategia de militarización adoptada por el presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 proclamó un estado de conflicto armado interno para abordar la creciente amenaza del crimen organizado. Desde la implementación de esta política, el Ejército está vinculado a al menos diez casos de desapariciones, lo que ha suscitado serias preocupaciones en la sociedad sobre el uso de la fuerza militar en cuestiones de seguridad pública.