En un panorama que refleja el desasosiego y la desconfianza hacia las instituciones, las repercusiones de la protesta conocida como 'Rodea el Congreso' han llevado a 34 personas a ser detenidas y un total de 64 heridas, de las cuales 27 pertenecen a las fuerzas del orden.

Esta manifestación, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2012 y que culminó en enfrentamientos, llega, sorprendentemente, a los tribunales doce años después. En este proceso judicial, 21 activistas se enfrentan a un exhaustivo escrutinio en el banquillo de los acusados, sumando penas que alcanzan un total de 121 años de prisión, lo que pone de manifiesto la gravedad de las acciones emprendidas durante la protesta.

A pesar de que la convocatoria inicial se desenvolvía de forma pacífica en la plaza de Neptuno, el ambiente rápidamente se tornó hostil. Los manifestantes, que en un principio clamaban contra la corrupción institucional, pasaron a ser reprimidos mediante la intervención de las fuerzas policiales, resultando en el número significativo de heridos y detenidos. Ocho de los principales organizadores del evento están ahora bajo el escrutinio de la Audiencia Nacional, lo que subraya la determinación del sistema judicial para abordar estas situaciones.

La Fiscalía de Madrid ha interpuesto acusaciones severas contra los imputados, incluyendo desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones. Este juicio se llevará a cabo en el Juzgado de lo Penal número 20, con fecha de conclusión pronosticada para el 28 de noviembre de este año, lo cual pone de relieve el compromiso con el mantenimiento del orden y la legalidad.

Las penas solicitadas varían desde 3 años y 8 meses hasta 8 años y 2 meses de prisión, reflejando la gravedad de los delitos en cuestión. La suma total de años de cárcel que se pretende imponer es un indicativo claro de la política de tolerancia cero hacia la violencia y el desorden en el contexto de manifestaciones pacíficas.

El relato presentado por la Fiscalía detalla cómo un grupo destacado de personas intentó superar el perímetro de seguridad establecido alrededor del Congreso de los Diputados, utilizando lenguaje incendiario y promoviendo la desobediencia civil en un momento donde la violencia parece en aumento. Frases como "vamos a tomar el Congreso, ahí están los ladrones" resonaron en el aire, instigando a otros a realizar actos que desbordaron los límites del civismo.

Mientras la policía trataba de restaurar el orden, algunos manifestantes intensificaron la confrontación, arrojando objetos contundentes y atacando a los agentes que intentaban contener la situación. Este clima de violencia no solo se limitó a un punto específico; de hecho, se extendió a lo largo de toda la zona, desde la Plaza de Cibeles hasta la fuente de Neptuno, donde la aglomeración derivó en un enfrentamiento a gran escala.

Ya entrada la noche, unos 200 individuos decidieron trasladarse a la estación de Atocha, manteniendo el mismo propósito de obstaculizar el orden público. En este episodio, se reportaron incidentes graves, que incluyeron ataques a vigilantes de seguridad y vandalismo en el mobiliario urbano. Este comportamiento irresponsable llegó incluso a paralizar el tráfico ferroviario, una clara demostración de la anarquía que puede desatarse en situaciones de protesta.