Díaz respalda el IVA preferencial solicitado por Junts para respaldar el decreto anticrisis: "Es una cuestión de justicia".

MADRID, 26 Mar. — La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha salido en defensa del IVA franquiciado para autónomos en una reciente comparecencia, la cual coincide con las negociaciones en el Congreso sobre un decreto de medidas anticrisis. Esta propuesta ha sido planteada por Junts, que la considera crucial para brindar su apoyo en la votación del mencionado decreto.

En un foro económico organizado por el diario.es, Díaz expresó su firme apoyo a la transposición de la directiva comunitaria sobre el IVA franquiciado, que exime a los autónomos de declarar y pagar el IVA si sus ingresos anuales son inferiores a 85.000 euros. "Creo que sería de justicia que España implemente esta directiva", destacó la vicepresidenta.

Cabe recordar que el Gobierno ha retrasado la aplicación de esta normativa, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, lo que ha llevado a la Comisión Europea a presentar el caso de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo este país el único en la UE que aún no ha adoptado la medida.

Junts ha condicionado su apoyo al decreto anticrisis a la implementación del IVA franquiciado, con el objetivo de aliviar la carga administrativa de los autónomos y pequeñas empresas, facilitando su acceso a liquidez y simplificando sus obligaciones fiscales.

Díaz también anunció la inminente creación del Consejo del Trabajo Autónomo, un organismo esperado por cerca de dos décadas, desde la promulgación del Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007. "Hoy se celebrará una reunión fundamental con todos los representantes del sector, y tras dos décadas, finalmente constituiremos este consejo", afirmó entusiasmada.

El Consejo, según detalló la ministra, jugará un papel clave en la representación y diálogo entre los autónomos y el Gobierno. "Vamos a cumplir con la ley del Trabajo Autónomo de hace 20 años y a ofrecer derechos a través de este Consejo", añadió Díaz.

En su discurso, la ministra también abordó el dictamen negativo del Consejo de Estado sobre el nuevo sistema de registro horario. Afirmó que el registro ya es una realidad digital para la mayoría de las empresas y criticó las complicaciones que se han generado en torno a su implementación, comparándolo con "física cuántica".

La ministra argumentó que el registro horario es fundamental para la reducción de la jornada laboral. "Si hubiera retirado esta medida del proyecto, la patronal estaría encantada", subrayó, precisando que esta no es una propuesta arbitraria, sino que se basa en sentencias del Tribunal de Justicia europeo que condenan a España por la falta de fiabilidad y objetividad del actual registro.

Pese al dictamen adverso, Díaz se comprometió a hacer que el registro horario sea más efectivo, siguiendo las directrices del Tribunal de Justicia. También envió un mensaje tranquilizador sobre el impacto de la guerra en Irán, señalando que el Gobierno ya ha tomado medidas en el decreto que se vota hoy y subrayando su experiencia en la gestión de crisis.

En relación con el contexto energético, la ministra advirtió que si los precios del petróleo se mantienen actuales durante todo el año, la factura energética de España podría aumentar en 20.000 millones de dólares, además de alertar sobre el incremento del Euríbor, que podría encarecer las hipotecas variables en hasta 500 euros mensuales.

Díaz criticó fuertemente la actitud de la oposición y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al referirse al conflicto en Oriente Medio, acusándolos de no ser conscientes de la gravedad de la situación. En cuanto al decreto de rebajas fiscales en energía que se debate en el Congreso, la ministra indicó que desconoce cómo votará el PP, pero sospecha que no apoyarán al Gobierno ni a su país.

Finalmente, destacó que el desempleo ya no es la principal preocupación de España, poniendo el foco en el problema de la vivienda. Díaz reiteró su demanda para que se controlen los precios y que se tomen medidas contra las comunidades autónomas del PP que se han opuesto a la nueva Ley de Vivienda. También instó a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos de alquiler en las condiciones actuales antes del debate de la ley en el Congreso.