Díaz promete impulsar el nuevo registro horario a toda costa.

En un reciente debate en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro su firme intención de avanzar con el Real Decreto de control horario, afirmando que este proyecto se llevará a cabo "aunque sea lo último que haga".

Esta declaración se produjo en respuesta a cuestionamientos del diputado de ERC, Jordi Salvador, quien solicitó a la ministra que clarificara las medidas que se tomarán para asegurar la implementación del nuevo registro horario, a pesar del dictamen desfavorable emitido por el Consejo de Estado, el cual, según él, ha sido obstaculizado por el Ministerio de Economía.

Díaz recordó que la necesidad de reformar el registro horario responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige que España cuente con un sistema de control del tiempo de trabajo que sea "eficaz, objetivo y verificable". A pesar de la oposición de partidos como Junts, PP y VOX al recorte de la jornada laboral a 37,5 horas, la ministra se mostró decidida a llevar a cabo este acuerdo gubernamental.

Calificando como "muy grave" el dictamen del Consejo de Estado, Díaz subrayó que se basa en informes del Ministerio de Economía y se alinea con los intereses de la patronal que, según ella, incumple las normativas sobre jornada laboral. Afirmó con firmeza que no se convertirá en cómplice de aquellas empresas que no respetan los derechos laborales de sus trabajadores.

El diputado de ERC también inquirió a la ministra sobre cuándo España se comprometerá a cumplir con la Carta Social Europea, particularmente en lo relativo a las reformas del despido, que actualmente es visto como una opción "barata y libre".

Ante esta pregunta, Díaz señaló que está pendiente de que las organizaciones sindicales presenten sus propuestas para implementar un sistema de despido restaurativo que cumpla con la legalidad. Reconoció que el sistema actual permite que despedir a un empleado, como una cajera con un año de antigüedad, cueste alrededor de 1.400 euros, lo que considera un costo irrisorio, a pesar de las afirmaciones de sectores de la derecha y la extrema derecha que plantean lo contrario.