La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha revelado sus planes para impulsar una nueva legislación que busque incrementar la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, estableciendo umbrales mínimos en función del tamaño de la plantilla.

   “Una empresa que no escucha a sus trabajadores es como una democracia sin voación ciudadana”, declaró Díaz durante la entrega de un informe elaborado por un comité internacional de expertos en democracia laboral.

   El informe destaca que el modelo de gobernanza actual en España ignora las disposiciones del artículo 129.2 de la Constitución, el cual menciona la necesidad de fomentar distintas formas de participación laboral y de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

   Con base en este artículo, la ministra ha anunciado la intención de desarrollar una propuesta que regule la democratización de las empresas en España, cumpliendo así con los acuerdos de la coalición gubernamental y el mandato constitucional, y abrirá un proceso de diálogo social para la negociación de esta ley.

   Isabelle Ferreras, presidenta del comité de expertos, destacó que España se encuentra entre los países con menor reconocimiento legal de los derechos de los trabajadores, señalando que, a pesar de contar con comités de empresa, los derechos de representación son insuficientes y no permiten una participación efectiva en la toma de decisiones estratégicas.

   “Dieciocho de los veintisiete países de la UE ya han reconocido el derecho de los trabajadores de participar en los consejos de administración, lo que sitúa a España en un lamentable retraso”, agregó Ferreras.

   Las recomendaciones incluyen fortalecer los derechos de los comités de empresa, crear un derecho a la consulta sobre el uso de la inteligencia artificial, y establecer criterios mínimos para que los trabajadores tengan representación en los consejos de administración según el tamaño de la empresa.

   Los expertos también sugieren implementar un sistema que evalúe la democracia en el trabajo mediante un índice que mida el acceso y la voz de los trabajadores en las empresas, lo que podría llevar a un sistema de incentivos fiscales para aquellas empresas que alcancen altos estándares en materia de gobernanza.

   Conforme a las propuestas, las empresas que adopten buenas prácticas podrían beneficiarse de una reducción de impuestos y preferencia en la contratación pública, mientras que aquellas que sigan modelos obsoletos enfrentarían sanciones y aumento en sus costos operativos.

   “Las empresas avanzarán hacia una gestión más democrática y se establecerán mínimos legales que vinculen la participación de los trabajadores con incentivos gubernamentales. En una década, esto podría traducirse en un cambio significativo en la economía española”, apuntó Díaz.

   Para garantizar una mayor representación de los trabajadores, la propuesta establece que un tercio de los asientos del consejo de administración deberá ser ocupado por representantes de los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados, y la mitad en empresas con más de 1.000 trabajadores.

   Además, plantea abrir la participación en la propiedad de las empresas, exigiendo que al menos un 2% del capital esté en manos de los trabajadores, alcanzando un mínimo del 10% en corporaciones grandes.

   También se considerará la creación de fondos dirigidos por trabajadores para adquirir acciones en momentos de crisis, evitando así que empresas viables sean vendidas a grupos inversores depredadores.

   La ministra de Trabajo subrayó que este informe representa un avance en la necesaria reforma del ámbito empresarial, instando a los expertos en constitucionalismo a recibir las propuestas con una postura favorable, ya que la gestión de las empresas no puede darse sin la aprobación de sus trabajadores.

   Díaz enfatizó que la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales es crucial para mejorar la productividad, afirmando que sus experiencias son esenciales para una mejor organización del trabajo.

   Finalmente, no dudó en señalar que decisiones cruciales para las empresas españolas son a menudo tomadas sin la debida consulta a los trabajadores, incluso cuando afectan drásticamente las comunidades locales y su fuerza laboral.

   "Si de 27 países, 18 han adoptado esta forma de gobernanza, eso debería ser suficiente para que nos planteemos su implementación aquí", concluyó. El objetivo es que los trabajadores no se enteren de los cambios en su compañía a través de los medios, sino que tengan una participación activa y significativa en las decisiones que les afectan directamente.