En Madrid, a fecha 20 de diciembre, se han dado a conocer importantes novedades en el ámbito laboral español. La vicepresidenta segunda del Gobierno y titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, se dispone a sellar un acuerdo que muchos consideran un hito en la regulación del tiempo de trabajo. Este viernes, firmará junto a los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, según la información proporcionada por los propios sindicatos.

La ceremonia de firma tendrá lugar a las 11:00 horas en el Ministerio de Trabajo, culminando un proceso de negociación que se inició hace aproximadamente 11 meses. Este largo periodo ha estado marcado por diversas etapas: desde diálogos entre los sindicatos y la patronal hasta negociaciones tripartitas, para finalmente concluir en una conversación directa entre el Gobierno y los sindicatos en las semanas recientes.

Sin embargo, todavía hay incertidumbre sobre cómo quedará redactado el acuerdo definitivo, pues Yolanda Díaz ha reconocido la tensión existente entre su Ministerio y el de Economía, cuyo mando está a cargo de Carlos Cuerpo. Esta discrepancia se centra en la implementación de la nueva jornada laboral y los plazos para su aplicación.

Díaz ha expresado su deseo de que todos los trabajadores cuenten con una jornada laboral de 37,5 horas semanales a más tardar el 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo pactado en el acuerdo gubernamental entre el PSOE y Sumar. Por otro lado, Cuerpo ha mostrado su preferencia para que la transición hacia esta reducción sea gradual y se extienda más allá de 2025, como ella misma ha indicado recientemente.

“Lo que quiere decir es que es necesario llevar la reducción de la jornada más allá, considerando que la legislatura aún es amplia”, subrayó Díaz este jueves, quien además instó a cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo de investidura para no "engañar” a los trabajadores. Estas palabras reflejan la complejidad del tema y la necesidad de alcanzar un consenso que beneficie a todos los involucrados, sin perder de vista el impacto que estas decisiones tendrán en la economía del país.