La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha salido al paso de las críticas sobre su formación académica, asegurando que es ampliamente reconocida y que no ha sido presionada por el Gobierno para modificar su currículum en la web oficial. Díaz, en una reciente aparición en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco, calificó de "clasista" el debate en torno a la necesidad de contar con títulos universitarios para desempeñar cargos políticos.

En su defensa, la ministra enfatizó que su formación incluye posgrados en recursos humanos y urbanismo, y se mostró sorprendida ante la insistencia de algunos en la validez de los títulos académicos. "Todo está suficientemente documentado", añadió Díaz, criticando la tendencia de algunos sectores de la política a valorar más los diplomas que las competencias reales del individuo.

Cuando se abordó la inconsistencia en la denominación de sus estudios como "másteres" y no "posgrados", Díaz explicó que, en la época en la que completó su formación, era la nomenclatura común. Además, admitió que no tiene claridad sobre cómo se traduce esa titulación en créditos bajo el sistema de Bolonia, lo que refleja una desconexión entre las métricas educativas actuales y la realidad educativa de generaciones anteriores.

La vicepresidenta también defendió la idea de que cualquier persona puede incursionar en el mundo de la política, citando a Marcelino Camacho como un claro referente que, a pesar de no poseer un título académico, tuvo un impacto significativo en la sociedad. Según Díaz, “la política no es una cuestión técnica”, argumentando que los auténticos requisitos para un político son el trabajo diligente y el compromiso.

Por último, Díaz identificó el debate sobre la necesidad de títulos universitarios como un tema de clase. Destacó que lo verdaderamente relevante es la capacidad de los ministros y ministras para gestionar sus responsabilidades de manera eficaz, más que la acumulación de credenciales académicas. Su postura invita a cuestionar si la educación formal realmente garantiza la competencia en el servicio público.