En un reciente encuentro con la prensa en Madrid, Yolanda Díaz, vice presidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, arremetió contra la 'Declaración de Murcia', un documento firmado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y sus colaboradores regionales. Díaz no dudó en calificarlo de "auténticamente inconstitucional" y demandó una regularización inmediata de las personas migrantes en España.

Antes de asistir a la entrega del 'Premio Fórum Europa' en el Teatro Real, donde fue galardonado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, Díaz expresó su desacuerdo con el enfoque del PP al afirmar que su programa es una mera reiteración del de Vox. Esta crítica se enmarca en un contexto de creciente tensión política sobre la gestión migratoria en el país.

La ministra destacó que, tras revisar detenidamente el contenido de la 'Declaración de Murcia', no encontró nada que respetara los mandatos constitucionales ni los compromisos internacionales asumidos por España. Díaz subrayó que el Gobierno debería priorizar el debate sobre la regularización de unas 500.000 personas migrantes que se encuentran en territorio español, argumentando que la defensa de sus derechos laborales es esencial.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se haga cargo de la atención y financiación de los menores migrantes no acompañados, en medio de lo que describen como un "colapso" de los recursos en las comunidades autónomas. Feijóo busca que el Gobierno establezca medidas para facilitar el retorno de estos menores a sus países de origen, así como la reunificación familiar donde sea posible.

En el documento firmado por el PP, se enfatiza que la gestión de los menores no acompañados no puede ser el resultado de un sistema aleatorio y poco transparente, señalando que no debe ser utilizada como herramienta de negociación política entre el Gobierno central y sus aliados independentistas. De acuerdo con los populares, el actual Ejecutivo debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de una política migratoria que consideran fallida.

Además, el partido subraya la necesidad de garantizar la adecuada determinación de edad de estos menores, así como la obligación de atender y financiar su cuidado directamente desde el Gobierno, en virtud de la presión que enfrentan las comunidades autónomas. El PP insistió en que se debe fomentar el retorno y la reunificación familiar siempre que existan datos que lo respalden.