Delitos de tráfico se incrementan por "pérdida de conciencia vial" durante la pandemia, según la Fiscalía.
Constata un incremento en los siniestros de patinetes, en algunos casos arrollados y en otros por atropellar a peatones
MADRID, 7 Sep.
La Fiscalía General del Estado ha advertido de que la pandemia de la Covid-19 ha incidido en los hábitos circulatorios de los españoles y ha traído consigo, como contrapunto, "un notable incremento de la delincuencia de tráfico".
Para la Fiscalía, este incremento de los delitos contra la seguridad vial son consecuencia "de una consecutiva pérdida de la necesaria conciencia vial que la ciudadanía había adquirido en los últimos años previos a la pandemia".
Así lo refleja la Memoria presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y consultada por Europa Press.
El documento recuerda que en 2022 se han incoado en España un total de 137.406 procedimientos por delitos contra la seguridad vial de los artículos 379 a 385 del Código Penal, lo que supone que el volumen de actividad judicial en el ámbito de los delitos viales es el mayor de la década.
Los 137.406 procedimientos incoados por delitos contra la seguridad vial en 2022 suponen un aumento global de 11.400 procedimientos y porcentual del 9,1 por ciento respecto de 2021, año en el que ya se había incrementado un 9,8 por ciento respecto a 2019, año prepandemia.
El año pasado se incoaron 11.474 diligencias urgentes más que en 2021 por delitos viales, mientras que la cifra de diligencias previas ha permanecido prácticamente idéntica, representando aquellas el 73 por ciento del total de procedimientos incoados por delitos de tráfico (frente al 70% de 2021 y al 63% de 2020), esto es, aproximadamente, tres de cada cuatro procedimientos incoados por delitos viales lo son por el cauce de juicio rápido.
La ejecución inmediata de las penas impuestas en el ejercicio 2022 se concretan en 66.231 penas de privación del derecho a conducir y 1.612 pérdidas judiciales de vigencia del permiso del artículo 47.3 del Código Penal, aproximadamente 76.000 penas estimadas de multa y 25.485 penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
En 2022 se han formulado por el Ministerio Fiscal 105.708 acusaciones por delitos viales de peligro, algo más del 34 por ciento del total de las presentadas por Fiscalía en todo tipo de procesos por cualesquiera delitos, lo que supone el porcentaje comparativo más elevado de los últimos seis años.
En el mismo ejercicio se han dictado 104.660 condenas por los delitos contra la seguridad vial de los artículos 379-385 del CP, más del 36 por ciento de todas las pronunciadas por los tribunales de toda clase de delitos.
De ellas, 59.461 condenas lo han sido por delitos de conducción bajo la influencia del alcohol y drogas (4.697 condenas más que en 2021, un 8,5% más), el mayor volumen de condenas por este delito desde 2012, y 38.383 por delitos de conducción sin permiso (4.256 más que en 2021, un 12,4% más), el dato estadístico más elevado de la última década de este delito.
En su Memoria anual, la Fiscalía avisa de que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) cada vez tiene "mayor incidencia" en diferentes aspectos de la seguridad vial, destacando un "generalizado incremento" en el uso de la siniestralidad asociada a ellas.
En este sentido, destaca que los VMP se han visto involucrados en siniestros viales en forma diversa. En algunos casos han sido arrollados por otros vehículos y en otros han sido los causantes de siniestros.
Así lo reflejan la mayoría de los fiscales delegados, entre otros, el de Alicante que, según recoge el documento, se ha ocupado de forma "muy especial" de esta problemática en su ámbito territorial, mientras que el delegado de Almería señala que "ahora la cuestión debe centrarse en la actuación policial para hacer cumplir el uso adecuado de estos vehículos en las vías públicas".
Por su parte, el delegado de Madrid diferencia dos grupos de infractores: los infractores en cuanto al uso de los VMP y los infractores respecto a las características del vehículo.
Además, se refieren a atropellos a peatones por parte de usuarios de VMP, entre otros, las delegadas de Zaragoza y Baleares, así como los delegados de Ciudad Real y Burgos.