Defensor del Pueblo sugiere estudiar el riesgo de abuso sexual en hogares de menores.

En un reciente informe, el Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en la urgente necesidad de llevar a cabo un "estudio sobre el riesgo de explotación sexual" en los centros de menores bajo tutela. Además, ha alertado que aquellos centros donde se han reportado casos de abusos carecen de protocolos actualizados que permitan una detección rápida de situaciones de riesgo.

El informe, que fue presentado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, detalla que en 2025 se reactivó una investigación sobre la violencia sexual en el sistema de protección infantil, poniendo de relieve las dificultades para obtener datos fiables y subrayando la importancia de realizar un estudio concreto sobre la explotación sexual de los menores en estos centros.

A pesar de que el Defensor del Pueblo solicitó a las administraciones competentes actualizar la información recopilada en 2023, a la fecha de cierre del informe, aún no se habían recibido varias respuestas. Entre las administraciones que sí enviaron sus informes se incluyen Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, la Región de Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla, junto a las diputaciones forales vascas y los consejos insulares de Ibiza y Mallorca.

En el marco de esta revisión general, el Defensor del Pueblo llevó a cabo visitas a cinco centros de protección de menores en diferentes comunidades autónomas, donde se encontraban menores que habían sido víctimas de abuso o explotación sexual. Los centros visitados fueron la Residencia de Adaptación Psicosocial en Paracuellos del Jarama, el Centro Educativo Terapéutico en Vitoria, la Residencia Lucentum en Alicante, y el Hogar de Protección Arrui en Molina de Segura, siendo este último uno de los pocos centros específicamente destinados a menores con problemas de conducta.

Durante estas visitas, el Defensor del Pueblo observó una preocupante ausencia de nuevos protocolos destinados a la detección y gestión de casos de abuso o explotación sexual de menores. Este hallazgo lanza una señal de alerta sobre las condiciones y la preparación de estos centros frente a situaciones tan graves.

El informe también señala que, en el transcurso de estas visitas, se pudo constatar una "falta de adecuación de los perfiles" de varios menores acogidos en estos centros, lo que incluye aspectos como discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Esta situación plantea un interrogante sobre el manejo y la atención que reciben los menores más vulnerables en el sistema de protección.