El titular del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, rechaza las críticas del PP y Vox por no impugnar la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional. Gabilondo argumenta que la ley establece que debe apartarse en caso de intervención judicial y que el Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad de la norma aprobada para beneficiar a los condenados por el proceso independentista catalán.

Ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Defensor del Pueblo, el compareciente aclaró su postura, afirmando haber actuado con total respeto al Poder Judicial y a todos los involucrados en la ley de amnistía. Destacó también que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma.

Gabilondo subrayó que la amnistía no es un derecho, sino una gracia, y que la decisión del Constitucional definirá legalmente los aspectos que han generado controversia política. También enfatizó que la Defensoría del Pueblo es un órgano independiente y que, aunque tienen el derecho de recurrir al TC, no están obligados a hacerlo.

El Defensor recordó que la publicación de la Ley de Amnistía no implica su aplicación directa y que corresponde a los tribunales decidir sobre su vigencia. Asimismo, destacó la importancia de respetar las decisiones judiciales y reafirmó su postura de no emitir pronunciamientos políticos, ya que su rol se limita a la supervisión de las administraciones.

En cuanto a la constitucionalidad de la ley y las críticas sobre la seguridad jurídica y la igualdad, Gabilondo mencionó la presunción de constitucionalidad de una ley aprobada por mayoría absoluta, así como la posibilidad de regular situaciones distintas con criterios objetivos. Sobre la supuesta arbitrariedad de la norma, señaló que es competencia del Constitucional determinarlo.