El Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación por los retrasos en la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en varios municipios, argumentando que los motivos alegados por estas localidades son insuficientes para justificar la demora. La legislación vigente establece que estas zonas deberían haber comenzado a operar desde el 1 de enero de 2023, y el Defensor ha instado a que se implementen "cuanto antes".

Con el fin de acelerar este proceso, ha enviado un total de once recomendaciones a 33 ayuntamientos, que son aplicables a todos los municipios con más de 50.000 habitantes. La entidad ha solicitado a las Corporaciones locales que aquellos que aún no hayan iniciado los trámites necesarios para la creación de las ZBE lo hagan "cuanto antes", y a aquellos que estén en proceso, que avancen sin más dilaciones.

El Defensor también ha enfatizado la importancia de que las ZBE que se diseñen cumplan con los requerimientos procesales establecidos y sean precedidas de estudios adecuados que analicen su impacto en diversas áreas, incluyendo el medio ambiente, la economía, la sociedad, el género y las personas con discapacidad. Estos análisis no deben convertirse en una excusa para prolongar indefinidamente la implementación de las zonas.

En este contexto, ha señalado que las ZBE deben ser delimitadas claramente como áreas continuas y permanentes, proporcionando una cobertura adecuada que incluya una parte significativa de la población y del tráfico de vehículos en el municipio. Argumentos relacionados con características geográficas o urbanísticas particulares no deben servir de justificación para evitar la creación de estas zonas.

Las medidas que se implementen en las ZBE deben incluir restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, basadas en sus distintivos medioambientales. Además, no se permiten excepciones que no estén autorizadas por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO), y las alternativas a dichas restricciones no deben actuar como un sustituto.

El Defensor del Pueblo ha insistido en que las ZBE deben definir objetivos claros en áreas como la calidad del aire, el cambio climático, la eficiencia en el uso del transporte y la calidad acústica. Además, ha sugerido la implementación de un sistema de monitorización que permita medir de manera continua el progreso hacia esos objetivos y que haga públicos los resultados obtenidos.

Asimismo, ha propuesto la creación de "zonas de especial sensibilidad" para proteger a las poblaciones más vulnerables de los efectos adversos de la circulación vehicular, estableciendo requisitos de emisiones más estrictos que los de la zona principal.

Por otra parte, ha requerido que estos ayuntamientos con ZBE en funcionamiento realicen modificaciones si no cumplen con las recomendaciones, y ha recordado que deben llevar a cabo una monitorización efectiva y continua de los objetivos establecidos.

Finalmente, ha subrayado que una vez que los ayuntamientos implementen las ZBE, no deben adoptar medidas que desmejoren la situación existente. En caso de que sea necesaria una acción diferente por razones de interés público, deben incluir el informe previo del organismo autonómico competente en materia medioambiental.

El Defensor del Pueblo ha demandado información a 18 municipios que, en noviembre de 2023, aún no habían comenzado con la tramitación para establecer la ZBE. Esta lista incluye localizaciones como Aranjuez, Arganda del Rey y Ferrol, entre otros. Además, se ha dirigido a siete municipios que han iniciado pero están demorando su implementación, y a otros ocho donde el proceso se ha ralentizado o suspendido.

A excepción de tres municipios, la mayoría de las localidades han respondido a los requerimientos realizados, cumpliendo así con la normativa que les obliga a responder ante la institución. Sin embargo, el Defensor ha observado que los ayuntamientos argumentan falta de tiempo, dificultad técnica, escasez de personal especializado y limitaciones financieras como motivos para el retraso en la adopción de las ZBE.

Aunque algunos alcaldes han manifestado que sus municipios cumplen con los estándares de calidad del aire o han optado por otras iniciativas de movilidad, el Defensor ha dejado claro que esto no excusa la falta de implementación de las ZBE, que son necesarias no solo para controlar la contaminación, sino también para mitigar el cambio climático.

La institución también ha indicado que las características geográficas o urbanas de los municipios no justifican el retraso en la creación de ZBE, reafirmando que la normativa permite establecer una o varias zonas, según sea necesario.

Por último, se han señalado las excepciones en el caso particular de Valencia y las poblaciones afectadas por desastres naturales, donde se entiende que la implementación de las ZBE pueda haber enfrentado dificultades considerables debido a la situación actual.