En un reciente discurso en el Senado, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha enfatizado la necesidad urgente de una respuesta firme y decidida para afrontar los devastadores efectos de la corrupción en nuestra sociedad.

Gabilondo ha manifestado su preocupación por la situación actual, señalando que todas las instituciones deben unirse con determinación para enfrentar estos desafíos. Reconoció que, aunque contamos con un marco legal sólido y una Constitución que nos guía, la situación exige un compromiso activo para desterrar la corrupción.

Durante su presentación del informe anual de la institución, Gabilondo destacó la confianza en las instituciones como un pilar esencial para la salud de nuestra democracia. Esta confianza, según él, se ve erosionada por las prácticas corruptas, lo que impide que la sociedad funcione correctamente.

El Defensor del Pueblo hizo hincapié en la responsabilidad que tienen las Administraciones en el cumplimiento de sus deberes. Subrayó que para mejorar la situación actual, es necesario que cada entidad actúe de acuerdo con sus competencias y roles establecidos, tal como lo estipula el artículo 103 de la Constitución.

En su exposición, Gabilondo también se refirió a temas preocupantes, como la actuación de las Administraciones ante casos de abusos y la explotación de menores bajo su protección. Aseguró que está en marcha una actualización de la investigación para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora y mejorar la gestión en estos aspectos tan sensibles.

El Defensor del Pueblo aprovechó la ocasión para recordar un trágico incidente ocurrido recientemente en el puerto de La Restinga, donde la tragedia de la inmigración se hizo palpable con la muerte de varias personas. Gabilondo abogó por una reflexión más profunda sobre las raíces de este fenómeno y la necesidad de establecer protocolos de acogida más efectivos y humanos.

El impacto de la inmigración también ocupó un lugar destacado en su intervención. Gabilondo sostuvo que este fenómeno es vital para que nuestra sociedad contrarreste el envejecimiento de la población y mantenga su vitalidad democrática. Sin embargo, advirtió que debe ser gestionado de manera adecuada para evitar tragedias innecesarias.

Finalmente, se presentaron cifras reveladoras sobre la labor del Defensor del Pueblo en 2024, con un total de 34.629 expedientes tramitados a partir de 34.402 quejas recibidas. De estas, se emitieron 2.501 resoluciones dirigidas a las Administraciones, de las cuales 1.190 fueron recomendaciones. La mayor parte de las quejas provinieron de la Comunidad de Madrid y Andalucía, reflejando preocupaciones que deben ser atendidas con urgencia.