Defensor del Pueblo alerta sobre el impacto negativo del Reglamento de Extranjería en los derechos de migrantes arraigados.

La reciente reforma del Reglamento de Extranjería, que entrará en vigor en mayo de 2025, ha suscitado alarmas por parte del Defensor del Pueblo, quien advierte que esta medida podría llevar a una "precarización" de los derechos de los migrantes que han logrado establecerse en España.

Entre los cambios más significativos se encuentra la modificación de los requisitos para acceder a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Antes de que se aprobara dicha reforma, diversas organizaciones sociales y ciudadanos extranjeros expresaron sus inquietudes a esta institución, que ahora lanza una advertencia sobre las potenciales repercusiones.

Una de las modificaciones clave es que el tiempo que una persona ha pasado en España como solicitante de asilo ya no será contabilizado para el proceso de arraigo. Además, se impone la condición de haber estado al menos seis meses en situación irregular justo antes de realizar la solicitud, lo que deja a muchas personas en una situación de vulnerabilidad legal.

El Defensor del Pueblo señala que esta reforma elimina prácticamente la posibilidad de regularización para quienes buscan asilo, afectando no solo el arraigo laboral, sino también otras vías de regularización que existían previamente.

También se hace hincapié en la "demora generalizada" en la resolución de los casos de protección internacional en el país. Esta situación, según el Defensor, supera ampliamente el plazo de seis meses que la legislación establece como tiempo razonable para tomar decisiones, algo que ha sido reconocido por la Dirección General de Protección Internacional.

Se argumenta que, aunque ha aumentado la cantidad de solicitudes de asilo en los últimos años, no ha habido un ajuste correspondiente en la estructura administrativa que tramita estos casos, lo que ha llevado a un estancamiento en la atención a los solicitantes.

El Defensor recuerda que en informes anuales previos ya se había destacado la necesidad de reformar a fondo el sistema de protección internacional, ante la preocupante lentitud en el procesamiento de las solicitudes que afecta a miles de personas.

Los datos de la Oficina de Asilo y Refugio reflejan que en 2025 se concedieron 7.838 estatus de refugiado y 10.103 protecciones subsidiarias. A su vez, se otorgaron autorizaciones humanitarias a 57.333 individuos, principalmente de origen venezolano, mientras que 68.321 solicitudes fueron rechazadas, principalmente de colombianos y peruanos.

Entre los afectados por esta reforma se encuentran miles de personas, incluidas 12.311 menores de 18 años, que verán truncadas sus oportunidades debido a la denegación de la protección internacional, una situación que el Defensor califica de "compleja".

El Defensor también pone de relieve que no es realista pensar que la gestión de la protección internacional no afecte a la regulación de la inmigración en el contexto español. Las largas esperas para la toma de decisiones han llevado a que, al enfrentarse a una denegación, muchos ya hayan establecido un "fuerte arraigo" en el país sin opciones claras para regularizar su situación.

Finalmente, se señala que, tras recibir una negativa, estas personas se ven forzadas a vivir en la irregularidad durante un período de dos años, lo cual agrava la precarización de sus derechos. Esta situación es particularmente grave para los menores, quienes ven interrumpido su proceso de integración en España debido a la irregularidad que afecta a sus familias.