Defensor del Pueblo advierte sobre la falta de coordinación en la protección contra la violencia de género.

El pasado 24 de marzo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, emitió una preocupante advertencia acerca de la ineficaz coordinación entre los distintos sistemas de protección destinados a las víctimas de violencia de género. Esta declaración se basa en el informe anual de actividades correspondiente a 2025, el cual fue presentado este martes en el Congreso a la presidenta Francina Armengol.

El informe detalla específicamente que los sistemas denominados Atenpro, Cometa y el propio sistema policial no logran establecer una comunicación adecuada entre ellos. Atenpro se ocupa de brindar atención y protección a las víctimas, mientras que Cometa es responsable de la gestión de dispositivos de control telemático para maltratadores.

Gabilondo señala que existe una notable falta de fluidez en la comunicación de estos sistemas con la judicatura, sumado a los “problemas” de competencia territorial que han surgido entre diferentes cuerpos policiales a la hora de responder a situaciones de emergencia.

Una de las cuestiones más alarmantes que aborda el informe es el desbalance entre el número de víctimas y la cantidad de recursos designados para atender sus necesidades, generando una ineficiencia en la prestación del servicio.

Actualmente, la institución tiene abiertas cuatro investigaciones enfocadas en evaluar tanto la calidad como la suficiencia de estos servicios, además de analizar las medidas de seguimiento y control sobre los contratos con las empresas tecnológicas involucradas.

El Defensor del Pueblo también hace hincapié en que los retrasos en los procedimientos judiciales relacionados con la violencia de género exacerban la vulnerabilidad de las mujeres afectadas, facilitando la intensificación de conflictos o actos violentos.

Este escenario, según Gabilondo, socava la confianza de las víctimas en el poder judicial, impidiendo que este se perciba como un mecanismo de protección confiable y efectivo.

Particularmente grave es la situación que se refiere a la ejecución de sentencias, tanto penales como civiles. El informe sostiene que se obstaculiza la reparación y la compensación que las víctimas necesitan para recuperar su bienestar físico, psicológico y social. Esto, además, podría interpretarse como un mensaje de impunidad para los agresores.

La incertidumbre prolongada afecta negativamente la salud mental de las víctimas, con la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género advirtiendo que es común que desarrollen ansiedad, depresión y estrés postraumático durante los procesos judiciales.

El Defensor del Pueblo plantea como esencial la necesidad de priorizar la tramitación de estos casos, sugiriendo que los plazos procesales sean más ágiles y que las medidas de protección se extiendan hasta que se emita una sentencia civil. Asimismo, propone reducir la burocracia y fomentar la implementación de audiencias virtuales y sistemas de notificación electrónica, lo que requiere una mejora en la infraestructura judicial.

El informe destaca que las víctimas deben sentir que sus voces son escuchadas y respetadas por parte de las administraciones, denunciando la “complejidad” del sistema judicial, las demoras en la resolución de casos y el desdén hacia los derechos de las víctimas.

A medida que aumentan los casos de violencia de género que llegan a los juzgados, también se intensifica la problemática de la victimización secundaria, lo que aleja a muchas mujeres de presentar denuncias y genera desconfianza hacia los sistemas de protección, muy cuestionados tras los recientes incidentes relacionados con las llamadas "pulseras antimaltrato."

El informe también revela que persisten fallos en los sistemas telemáticos encargados de velar por el cumplimiento de las medidas de protección, destacando la falta de coordinación entre servicios y la insuficiente información proporcionada tanto a las víctimas como a las fuerzas de seguridad. La dificultad para perseguir los quebrantamientos de condena deja a las víctimas en una situación de temor continuo, aun contando con medidas de protección vigentes.

En el ámbito penal, el Defensor del Pueblo expresa inquietud por la eficacia de los sistemas de notificación a las víctimas sobre sentencias y diligencias relacionadas. Por ello, ha instado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a evaluar si estos sistemas están informando de manera eficaz y en tiempo real a las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la situación de sus agresores y tomar decisiones adecuadas para su autoprotección.