En Madrid, el 8 de marzo se celebra un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, un momento propicio para examinar cómo las instituciones judiciales han abordado la discriminación de género en los últimos años. El Tribunal Supremo español ha estado en la vanguardia de este asunto, desarrollando su doctrina con la finalidad de ajustarse a las leyes vigentes y a las necesidades sociales contemporáneas. Entre sus decisiones más notables se encuentra la eliminación de uniformes obligatorios perjudiciales para las enfermeras, así como su categorización de la prostitución vinculada a la trata de personas como "esclavitud del siglo XXI".

Un informe emitido recientemente, al que tuvo acceso Europa Press, subraya la relevancia del orden social en la lucha contra la discriminación. Se hace mención a una sentencia fundamental del Tribunal Supremo que determinó que el uso de ventajas distintas en los uniformes asignados a enfermeras y enfermeros constituía una forma de discriminación. Mientras que las mujeres debían llevar un uniforme de falda y cofia, los hombres tenían un cómodo pijama de dos piezas, a pesar de tener el mismo rol profesional.

Además, el Supremo ha abordado otros casos de discriminación en la promoción laboral, donde se ha constatado que las mujeres enfrentan barreras injustificadas al ascender a puestos de mayor responsabilidad. Un fallo de 2014 destacó cómo un "plus" dado a los empleados varones creaba una desventaja para sus colegas femeninas sin ninguna justificación razonable, evidenciando una falta de igualdad en el entorno laboral.

En el ámbito de los derechos laborales, el Tribunal Supremo también estableció en 2008 que despedir a una mujer embarazada es nulo a menos que haya motivos válidos, independientemente de si el empresario estaba al tanto de su estado. Este principio se extendió posteriormente a casos donde el despido se relacionaba con la maternidad o los permisos parentales.

Los avances en el ámbito civil también son significativos. El Código Civil ha cambiado dramáticamente desde su creación en 1889, donde las mujeres estaban bajo la tutela de sus padres hasta los 25 años y necesitaban autorización del marido para trabajar. Las reformas de las décadas de 1970 y 1980 comenzaron a rectificar estas injusticias, incluyendo compensaciones económicas post-divorcio para mujeres que habían dedicado su vida a cuidar del hogar.

Desde 2015, el Supremo ha permitido que el apellido materno pueda ser considerado el primero en el registro civil, reconociendo así el interés superior del menor. Esta medida se tomó para asegurar que el orden de los apellidos no discriminara a las madres en el reconocimiento de la paternidad.

En el terreno penal, el Tribunal Supremo ha cambiado su enfoque respecto a los delitos contra la libertad sexual, enfatizando que no se puede exigir que la víctima resista de manera heroica. Además, el Supremo ha llamado la atención sobre la gravedad de la prostitución ligada a la trata de personas, subrayando que esta es una forma moderna de esclavitud que afecta a muchas mujeres en diversas comunidades.

El Tribunal ha diferenciando la discriminación de género de la de sexo, destacando que la primera refleja una dimensión cultural y social que afecta a las mujeres de forma más profunda. En cuanto a la violencia de género, se han implementado criterios que permiten considerar la vulnerabilidad de la mujer que sufre violencia en el hogar como un factor agravante en la sentencia.

Recientemente, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo reconoció el derecho de las familias monoparentales a ampliar el permiso de maternidad, una medida que busca eliminar las desigualdades en el cuidado de los recién nacidos. Asimismo, se ha determinado que las razones de género pueden ser consideradas en los juicios de asilo, especialmente en casos de violencia de género.

Por último, un caso reciente en la Sala de lo Militar resultó en la condena de un sargento por maltratar a la única mujer de su destacamento, lo que resalta la importancia de abordar y erradicar el acoso dentro de las fuerzas armadas.

En conclusión, aunque los fallos del Tribunal Supremo reflejan el marco societal actual y sus ambivalencias, es evidente que han avanzado notablemente para proteger y consolidar los derechos de las mujeres. Sin embargo, el informe también señala que aún existen serios desafíos, como la brecha salarial y las dificultades en la conciliación, que requieren atención continua para lograr una verdadera igualdad en todos los aspectos de la vida laboral y familiar para las mujeres en España.