En un reciente comunicado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha anunciado una nueva propuesta que permitirá a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y a organismos similares gestionar las consultas y reclamaciones de los ciudadanos que residen en las áreas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

La iniciativa tiene como finalidad "aligerar" la sobrecarga de trabajo que enfrentan las autoridades de Consumo en Valencia, brindando a los residentes de los municipios golpeados por la DANA la posibilidad de acudir a cualquier oficina de consumo en todo el territorio nacional, incluso en otras comunidades autónomas o provincias, tal como ha sido destacado en el mandato oficial delMinisterio de Derechos Sociales.

Este esfuerzo comenzó a gestarse a través de la Dirección General de Consumo, que forma parte de la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio, a raíz de las solicitudes de varios representantes de oficinas municipales y la plataforma nacional 'OMICS Unidas', quienes pidieron información para ofrecer un apoyo efectivo a las víctimas de la DANA, según lo que señala la comunicación emitida.

Adicionalmente, el Ministerio hizo saber que esta propuesta fue presentada a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Comunidad Valenciana, quienes expresaron su aprobación para llevarla a la Conferencia Sectorial de Consumo, la cual es el principal órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas competentes en esta materia.

Una vez que se alcanzó un acuerdo en la Conferencia Sectorial, la propuesta fue trasladada con carácter urgente a la Comisión Sectorial de Consumo, donde se formalizó su aprobación definitiva. Esta decisión ya se encuentra en vigor y tiene carácter vinculante, habiéndose implementado de manera inmediata sin que se haya planteado ninguna objeción en contra.

Por consiguiente, tal como ha indicado el Ministerio, las autoridades de consumo están ahora plenamente autorizadas para asistir a las personas afectadas por la DANA, sin importar la estructura organizativa que cada territorio tenga en este ámbito.