Se afirma que han surgido "hechos nuevos" que podrían tener relevancia para un caso que fue archivado por un defecto formal.

Madrid, 8 de enero.

Los dos policías que resultaron heridos durante los disturbios ocasionados por las manifestaciones organizadas por el grupo 'Tsunami Democratic' en 2019 han presentado una solicitud a la Audiencia Nacional (AN) para que considere un nuevo informe policial vinculado al 'caso Voloh', relacionado con la supuesta injerencia rusa en el 'procés' catalán.

En un documento redactado por los abogados de estos agentes, que ha sido obtenido por Europa Press, se destaca que el propósito de esta comunicación es informar al Juzgado Central de Instrucción número 6, el cual llevó a cabo la investigación de este caso, ya cerrada por la AN en septiembre de 2024 debido a problemas con los plazos procesales, sobre la existencia de "documentos que contienen información relevante para el esclarecimiento de los hechos".

En el escrito se indica que los eventos de terrorismo podrían haber contado con la intervención de potencias extranjeras, lo que podría dar pie a la apertura de una investigación por terrorismo en su modalidad urbana, en función de lo estipulado en el mencionado informe. La representación legal solicita que "se incorpore al procedimiento al tratarse de un hecho nuevo que se entiende trascendente para los efectos del presente procedimiento".

El escrito también incluye una serie de artículos de prensa que fueron publicados en julio de 2024, tras la difusión del informe policial. Además, se adjunta el documento completo elaborado por la Comisaría General de Información en el contexto de la llamada 'Operación Troya', que investiga la posible injerencia rusa.

Según este documento, se concluyó que existía "una estructura organizativa dirigida a lograr la independencia de Cataluña de manera unilateral y al margen del marco constitucional vigente, con el reconocimiento y respaldo de la Federación de Rusia", siguiendo el modelo de los procesos de anexión o independencia de Crimea, Montenegro y Georgia.

El informe añade que, para alcanzar la independencia, y "bajo las órdenes de Carles Puigdemont, el ex presidente catalán", esta estructura diseñó una estrategia que introducía un componente novedoso y subversivo: la búsqueda de apoyo económico y político de Rusia a cambio de establecer un sistema financiero basado en criptomonedas y de crear una legislación específica para ello.

Se apunta además a que esta estrategia surgió en el marco de una suerte de cumbre ruso-catalana convocada por Puigdemont, un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y fue corroborada por varias evidencias obtenidas de los líderes de dicha estructura en diferentes momentos. Esta estrategia terminó consolidándose en proyectos conjuntos que involucraban a los investigados y a personas vinculadas a la administración y los servicios de inteligencia rusos.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la Audiencia de Barcelona decidió archivar la causa relacionada con esta supuesta trama rusa en el 'procés', advirtiendo al juez instructor que incurriría en "un fraude de ley" si continuaba con el procedimiento.

En esa pieza separada, el juez del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, mantenía como investigados a figuras como el ex presidente Artur Mas, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, el ex responsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, y al abogado de Puigdemont, Carlos Boye, entre otros.

Sin embargo, los abogados de los dos policías lesionados en los disturbios de 2019 afirman que, a la luz del informe policial presentado, "se puede vislumbrar que pudo existir una conexión entre los hechos ocurridos en la Plaza Urquinaona y la injerencia de una potencia extranjera, lo que podría conllevar la calificación de los hechos como un posible delito de traición y un posible delito de terrorismo en su modalidad urbana".