CSIF demanda aumento de personal en la Administración ante regularización de inmigrantes.

En una reciente declaración, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su profunda inquietud ante el inminente inicio del proceso extraordinario de regularización de migrantes en España. Este sindicato ha hecho un llamado urgente a la necesidad de reforzar las plantillas en todos los niveles de la Administración, a fin de gestionar adecuadamente un proceso que podría abarcar un número significativo de solicitudes.

La regularización se llevará a cabo desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, y según las estimaciones de CSIF, el Gobierno podría recibir entre 500,000 y un millón de solicitudes durante este periodo. Sin embargo, el sindicato critica la falta de claridad por parte del Ejecutivo sobre cómo se llevará a cabo el refuerzo de personal, así como la posibilidad de que se exterioricen ciertos servicios, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La organización sindical considera "crucial" tomar medidas preventivas ante las posibles consecuencias del proceso y ha insistido en la importancia de dotar a los servicios públicos de los recursos necesarios. De esta forma, se busca evitar un colapso que afecte tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía en general. Además, CSIF ha señalado la necesidad de reconocer y compensar el esfuerzo adicional que llevarán a cabo los trabajadores durante este proceso.

En este contexto, el sindicato ha comenzado las negociaciones para la Oferta Pública de Empleo del presente año, demandando un aumento de personal para gestionar no solo la regularización, sino también los futuros trámites administrativos y subsidios que provendrán de una carga de trabajo existente ya deficitara en áreas como el SEPE y la Seguridad Social.

CSIF ha subrayado que, en el Ministerio del Interior, las tareas relacionadas con la regularización están generando un "impacto directo" en el volumen de trabajo de los funcionarios encargados de expedir documentos. Con el aumento previsto en la demanda, la situación en las oficinas se tornará más crítica a partir del 1 de abril, según lo indicado por el mismo sindicato.

Se ha informado que el proceso de regularización constará de dos etapas: la recogida de solicitudes y la tramitación, que llevará a cabo exclusivamente la Unidad de Tramitación de Expedientes, situada en Vigo. Aunque la mayoría de las solicitudes se gestionarán en oficinas de Correos, aún no se ha formalizado el acuerdo necesario, lo que deja a muchos trabajadores en la incertidumbre.

No obstante, se contempla la posibilidad de que algunas solicitudes sean presentadas de forma telemática, aunque desde CSIF han advertido sobre las dificultades que esto podría suponer para la identificación de solicitantes sin certificado digital. Para paliar estos potenciales problemas, se prevé la colaboración de diversos actores, incluidas organizaciones sindicales y ONGs.

El sindicato también ha explicado que el personal designado se encargará de recoger y escanear la documentación pertinente, validando la información a través de un software especializado. En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria y se compensará a los empleados con 25 euros la hora, mientras que los coordinadores recibirán 35 euros.

Sin embargo, contraviniendo las expectativas, se ha revelado que algunas oficinas de extranjería no estarán incluidas en la recepción de solicitudes, lo que ha causado sorpresa entre la plantilla de estos departamentos. Aun en el ámbito del Política Territorial, hay incertidumbre sobre la cantidad de expedientes a gestionar y el personal que estará involucrado, lo que añade a la preocupación general.

CSIF también ha señalado la contradicción inherente a que el mismo personal que se encargará de la regularización será el que, un año después, deberá renovar los permisos. Desde el sindicato se rechaza la idea de externalizar este tipo de trabajos, argumentando que, dado el manejo de datos sensibles, debería ser llevado a cabo exclusivamente por funcionarios cualificados y en el contexto de la administración pública.